Paz Ciudadana destaca aporte de los tribunales de tratamiento de drogas en reunión de la CICAD en Guatemala
Su contribución al sistema de seguridad pública chilena y el impacto en la reincidencia de los delitos destacó del programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), la Fundación Paz Ciudadana en la 56 Reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), institución dependiente de la Organización de Estados Americanos.
En el marco de este encuentro, desarrollado en Ciudad de Guatemala, cuya temática principal fue el conocimiento de nuevos enfoques para la aplicación de las leyes de drogas y respuestas a la delincuencia organizada, la directora ejecutiva de la institución nacional, Catalina Mertz, relevó el aporte de los TTD desde el año 2007 en adelante, constituyéndose —dijo— “en una experiencia que logró coordinar a todas las instituciones del sistema de persecución penal y que debería ser profundizada para disminuir la reincidencia delictual en la región”.
Ante los presentes, entre quienes se encontraba el actual secretario ejecutivo de la CICAD, el ex embajador norteamericano, Paul Simons y el ministro de Gobernación del país centroamericano, Héctor López Bonilla, la directora de la fundación recordó que los TTD nacieron como piloto en Valparaíso y que hoy funcionan dentro de la agenda ordinaria de los juzgados de garantía, mediante veintinueve proyectos en diez regiones del país, con 115 centros de tratamiento.
“El sistema de persecución penal también debe impulsar respuestas innovadoras y comprometerse con las políticas de seguridad pública. Esperamos que estos tribunales puedan seguir extendiéndose en el futuro como una política de Estado”, dijo Catalina Mertz.
El programa de TTD se desarrolla al amparo de la figura de la suspensión condicional del procedimiento señalado en el artículo 238 y siguientes del Código Procesal Penal. Consiste en entregar tratamiento y rehabilitación a consumidores de drogas que han cometido un delito por primera vez, cuya pena no supere los tres años de privación de libertad, entre otros requisitos. Lo anterior, a través de un solicitud al juez de garantía, con acuerdo entre el fiscal y el imputado.
Actualmente participan de este programa el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y la Fundación Paz Ciudadana.
Fuente: Comunicaciones Paz Ciudadana.