Entre las normas del proyecto legislativo, la propuesta indica que el INDH, a través de la creación de un Comité de Prevención contra la Tortura, tendrá como principal objetivo prevenir que las personas privadas de libertad sean torturadas o sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Un proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como el “Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, fue ingresado este martes 30 de mayo por el Gobierno a través de la Cámara de Diputados.
Según se resalta en el mensaje presidencial, Chile no ha estado ajeno a la evolución que el derecho internacional de los derechos humanos comparado ha tenido en la materia. En este sentido, se remarca que Chile ratificó los instrumentos internacionales que reconocen la prohibición de estas prácticas: primero, la Convención contra la Tortura el 30 de septiembre de 1988; y luego, el Protocolo Facultativo el 12 de diciembre de 2008, que en su artículo 3° dispone que “cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Bajo esta y otras consideraciones, el proyecto (boletín 11245) de ley avanza en la citada designación, conforme a los requerimientos del Protocolo Facultativo de 2008 y al compromiso expreso realizado por el Gobierno de Chile en 2009.
Entre sus normas, se indica que el INDH, a través de la creación del Comité de Prevención contra la Tortura (se define a través de esta ley), tendrá como principal objetivo prevenir que las personas privadas de libertad sean torturadas o sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En línea con lo anterior, la propuesta legal considera variadas normas para regular el objeto, definiciones, funciones y organización del Comité de Prevención contra la Tortura.
Además, se dispone, en el marco de las normas transitorias, el plazo en que deberán modificarse los estatutos del INDH para establecer un reglamento interno, en que se regule la estructura orgánica, funciones de la dirección y procesos de toma de decisión, entre otros puntos. Asimismo, se aborda el tema del financiamiento en el primer año de funcionamiento.
Debate sobre tortura
En paralelo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Asociación Para la Prevención de la Tortura (APT) realizaron el mismo martes 30 de mayo la mesa de debate “¿La prevención de la tortura funciona?”, que se realizó en dependencias de la Fundación Violeta Parra, en Santiago.
Los objetivos del encuentro fueron socializar los resultados de la investigación global “Sí, la prevención de la tortura funciona”; incentivar un debate sobre las falencias identificadas en el sistema jurídico y político chileno, para mejorar la prevención de la tortura; e invitar a la reflexión sobre los pasos a seguir para hacer efectivas las medidas de prevención en el contexto nacional.
En la ocasión expusieron Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Mark Thomson, secretario general de la APT; Wilder Tayler, experto internacional sobre prevención de la tortura; Magdalena Garcés, investigadora; y Silvana Donoso, ministra de Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En 2011, la APT encargó una investigación académica independiente, que culminó en 2016 con la publicación del libro titulado “¿Funciona la prevención de la tortura?”.
La conclusión del estudio fue positiva. Este arrojó que la medida más importante de todas para prevenir la tortura es la aplicación de salvaguardias durante las primeras horas y días después de la detención de una persona. También que la notificación a la familia y el acceso a un abogado/a y a un doctor/a independientes causan un impacto significativo en la reducción del riesgo de sufrir tortura. Y además que la investigación eficaz y constante de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los/as torturadores/as y la creación de órganos independientes de monitoreo también son clave en la reducción de este delito.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).