El Consejo para la Transparencia (CPLT) entró de lleno al debate por la transparencia del presupuesto y advirtió sobre una grave debilidad en el control del uso de los millonarios recursos provenientes del royalty minero por las municipalidades y sugirió al Congreso corregirla durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2026.
La Ley de Presupuestos 2024 y demás normativa administrativa aplicable estableció el deber de las municipalidades de enviar trimestralmente un reporte a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos, obligando además a que los municipios publiquen en sus sitios de transparencia activa dichos reportes. Sin embargo, la polémica surge porque, a diferencia de 2024, la Ley de Presupuestos 2025 no incluyó obligaciones de transparencia activa respecto de dichos reportes, que, además, pasaron a ser una obligación anual para las municipalidades, por aplicación de la Ley N° 21.591 sobre Royalty a la Minería que comenzó a regir este año, restringiendo así el acceso ciudadano a información clave sobre el uso de estos fondos.
Para entender la magnitud de los recursos públicos involucrados, es pertinente recordar que en 2024 se entregaron más de $93 mil millones a 307 municipalidades del país con cargo a al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), debiendo estas subir en sus sitios de transparencia activa los reportes enviados a la SUBDERE trimestralmente.
Esa medida permitió, un control oportuno y público del destino de los dineros. De hecho, el CPLT realizó una fiscalización extraordinaria para el período 2024 que implicó una revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, la que reveló serios incumplimientos: un 61% de las municipalidades beneficiadas por el royalty no cumplió cabalmente con la obligación de publicar los reportes, según exige la normativa. Además, se constató gran disparidad en el destino que se dio a estos recursos: solo un 37% fue a inversión, mientras que un 23% se usó en bienes y servicios de consumo, un 18% en transferencias corrientes —algunas difíciles de rastrear—, un 12% en adquisición de activos no financieros y un 8% en gastos de personal.
Sin embargo, y tal como se señaló, para 2025 se eliminó de la Ley de Presupuestos y su normativa asociada la obligación de reporte trimestral a SUBDERE y publicación en transparencia activa, por lo que recién en marzo de 2026, cuando SUBDERE reciba los informes anuales de las municipalidades, se podrá conocer cómo se gastaron los más de $218 mil millones que recibieron las comunas en 2025.
Ante este escenario, la presidenta del CPLT, Natalia González, enfatizó: “Mientras no se corrija esta deficiencia de forma definitiva en la normativa asociada al Royalty Minero, no podemos retroceder en transparencia. Sostenemos que, tal como en 2024, la Ley de Presupuestos 2026 debe volver a establecer obligaciones periódicas de elaboración y publicación en transparencia activa de los reportes de uso de los fondos provenientes del royalty. Los municipios administran recursos que pertenecen a todos los chilenos y la ciudadanía tiene derecho a saber oportunamente cómo se están gastando”.
El CPLT subrayó que la discusión presupuestaria abre una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas a nivel local y evitar espacios de discrecionalidad en el uso de los fondos del royalty, que deben priorizar la inversión y el desarrollo comunal.
Fuente: CPLT