- La autoridad manifestó que la agenda se completará en los próximos días con el envío de otras iniciativas.
Como parte de la Agenda de Probidad y Transparencia que comprometió al país la Presidenta Michelle Bachelet, esta mañana se dio paso a la firma de dos proyectos de ley que apuntan a regular la relación entre los negocios y la política. Para eso se enviará al Congreso una iniciativa que previene y sanciona los conflictos de intereses y otra que modifica el código penal en materia de corrupción.
La ceremonia de firma estuvo encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, quien estuvo acompañada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; la ministra (s) de la Segpres, Patricia Silva y la titular de Justicia, Javiera Blanco.
En el Salón Montt-Varas del Palacio de Gobierno, la Presidenta manifestó que “no voy a esconder bajo la alfombra, las fallas que nuestro sistema político e institucional ha tenido”. Asimismo, comentó ante los presentes que en su reciente gira por Europa pudo constatar que éste es un problema que afecta a buena parte de las democracias modernas y destacó que “la comunidad internacional y los líderes del mundo me han manifestado que valoran el modo en que Chile está enfrentando este desafío, de manera institucional y, a la vez, democrática”.
Por su parte, la ministra (s) Silva, aseguró que “esta es una firma de proyectos muy importantes para Chile para poder combatir la corrupción y los conflictos de interés. Con esto vamos a tener herramientas para combatir un tema que ha sido bastante sensible en nuestro país en estos días”.
La autoridad ministerial también ratificó que este listado de proyectos no es definitivo, pues en los próximos días se presentarán otras iniciativas, tales como “la Ley de Partidos Políticos y lo que compete a Alta Dirección Pública, entre otros. Hay varios proyectos que se enviarán esta semana y la próxima semana para completar la agenda”.
En qué consisten estas iniciativas:
1) Uno de los proyectos regula los conflictos de interés, determinando cuándo hay inhabilidades e incompatibilidades para entrar al servicio público y estableciendo en qué casos las autoridades y funcionarios deben abstenerse de participar en una decisión.
- También protege debidamente a quienes denuncian conductas impropias en el ejercicio de la función pública y regula las actividades que una persona puede o no ejercer una vez que ha cesado en el cargo.
- Además, se hace más estricta la regulación de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública y se aumentan los estándares para los casos en que las autoridades o funcionarios deben abstenerse de intervenir cuando exista interés personal. La propuesta incluye también los intereses del cónyuge, conviviente civil y parientes.
- Por otra parte, establece que quienes hayan ejercido funciones en instituciones fiscalizadoras, no podrán trabajar en empresas privadas que hayan estado sometidas a su competencia, sino hasta seis meses después de cesar en el cargo, y no podrán realizar actividades de lobby ante ese organismo durante dos años.
- En el caso de los parlamentarios, plantea la prohibición de intervenir cuando haya conflictos de interés e instituye prohibiciones respecto de las asignaciones parlamentarias para evitar el pago a parientes.
2) La Jefa de Estado firmó otro Proyecto que modifica el Código Penal incorporando por primera vez el delito de corrupción entre privados y ampliando el actual delito de tráfico de influencias a su comisión por un particular.
- En el ámbito del ejercicio de la función pública se perfeccionan los tipos penales del tráfico de influencia y de negociación incompatible, junto con ello se elevan las penas en estos delitos y en los de cohecho y soborno.
- Se sugiere aumentar las penas de los delitos de cohecho y soborno, incluyendo en este proyecto, el cohecho a funcionario público extranjero. Estas iniciativas responden también a las recomendaciones realizadas por la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Con esta norma se busca promover y restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, garantizar el correcto ejercicio de la función pública y mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los privado.
Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.