El mercado de juegos de azar en Paraguay alcanzó un hito histórico al generar el equivalente a
US$32,6 millones durante el último año, según datos de la Comisión Nacional de Juegos de
Azar (Conajzar). Esta cifra representa el nivel más alto registrado en la historia de la industria
en Paraguay, posicionándolo como un ejemplo de cómo la modernización regulatoria permite
mejoras significativas tanto en la recaudación como en la fiscalización.
Según el regulador, el desempeño anual mostró un incremento del 22,9% respecto al ejercicio
anterior, cuando los ingresos alcanzaron aproximadamente los US$25,9 millones. Este salto
está estrechamente vinculado a un giro estratégico hacia una mentalidad regulatoria moderna,
destinada a actualizar un sistema que se había vuelto obsoleto. Un motor clave ha sido la
promulgación de la Ley N° 7348/2025, una medida diseñada para modernizar el sistema
alejándose de las antiguas estructuras monopólicas y sentando las bases para un entorno más
dinámico y competitivo.
El punto de inflexión ha sido la decisión de modernizar el marco institucional mediante un
enfoque de supervisión más integrado y estratégico. Esto ha optimizado el monitoreo fiscal y ha
canalizado el mercado hacia plataformas formales. Este enfoque proactivo al actualizar las
estructuras estatales demuestra que la evolución institucional es esencial para contar con un
mercado sano y sostenible.
Paraguay ha abordado esta transición mediante un sistema de licitaciones competitivas con
una carga tributaria sostenible, avanzando hacia un marco institucional que prioriza la
transparencia y la supervisión. El resultado fue doble: ingresos récord para el Estado y un
sistema más robusto para monitorear el mercado real.
El contraste con Chile es evidente. Mientras Paraguay se moderniza y organiza, el Estado
chileno deja de percibir hasta US$800 millones al año debido a la falta de una regulación
actualizada y moderna para las apuestas en línea. El país cuenta con un proyecto de ley
ingresado al Congreso en 2022; sin embargo, bajo la administración del presidente Gabriel
Boric, este ha permanecido estancado en el segundo trámite legislativo del Senado. Esto refleja
tanto la falta de un impulso decidido por parte del Ejecutivo como las dificultades técnicas de un
proyecto cuya estructura actual compromete su viabilidad económica.
Desde la industria de las apuestas en línea advierten que este rezago regulatorio no es neutral.
“Cuando el Estado no actualiza un modelo que es claramente obsoleto, lo único que logra es
perder la oportunidad de coordinar efectivamente el mercado y sus recursos”, señala una
fuente del sector con conocimiento directo del debate legislativo.
Las mismas fuentes agregan que el proyecto actualmente en discusión debería ser revisado
por las nuevas autoridades, ya que la evidencia comparada muestra que una carga tributaria
excesiva termina alejando a los usuarios del entorno regulado. La experiencia internacional
indica que un impuesto sobre el GGR (Ingresos Brutos del Juego) de entre el 10% y el 15%
permite la viabilidad económica y altas tasas de canalización. El Reino Unido alcanza tasas de
canalización cercanas al 90% con una carga de alrededor del 15%, mientras que países como
Francia y Portugal —con impuestos efectivos que superan el 40%— enfrentan serias
dificultades para contener el mercado informal. En Chile, el estado actual del proyecto de ley
también está considerando la aplicación del IVA sobre el GGR, una clara anomalía a nivel
internacional que demuestra una incomprensión fundamental de la economía del iGaming y
corre el riesgo de hacer que cualquier regulación efectiva sea comercial y operativamente
inviable.
Más allá de la recaudación, la industria insiste en que una regulación moderna es una
herramienta vital para la protección social. “Un marco legal actualizado es la única forma de
garantizar controles de identidad verificables y mecanismos auditables para impedir el acceso
de menores”, explica otra fuente vinculada a la industria.
El modelo chileno actual no ha logrado adaptarse al entorno digital. Mientras la opción estatal
existente ofrece productos limitados, millones de usuarios migran a plataformas en línea que
operan bajo altos estándares internacionales y están presentes en múltiples países de la
OCDE. Estas plataformas ya implementan protocolos rigurosos de cumplimiento y protección al
jugador que una regulación chilena moderna debería buscar formalizar y aprovechar.
Las cifras lo reflejan con claridad. Según datos de la herramienta Ahrefs, las búsquedas
directas de casas de apuestas superan los 2,4 millones mensuales en Google en Chile, con un
crecimiento cercano al 10% durante 2025. La demanda existe y está creciendo; por lo tanto,
debe ser regulada a través de un marco moderno que fomente la inversión y, sobre todo,
garantice altos estándares de protección en beneficio de los usuarios.
Para la industria, el dilema es claro: modernizar para organizar y proteger o continuar anclados
a un modelo obsoleto. La experiencia paraguaya demuestra que elegir la modernización sobre
la obsolescencia es una decisión política con resultados positivos y medibles.
Fuente: viacentral.