“A partir de la implementación de esta iniciativa, las víctimas, al momento de prestar declaración, solamente tendrán contacto con personas especialmente capacitadas para ello, en espacios acondicionados que garanticen su privacidad e intimidad”, afirmó.
“Hace un tiempo dije como Presidenta de Chile que el Estado le había fallado a los niños y adolescentes que estaban a su cuidado, desde hace años. Y reconocimos esta deuda, porque el Gobierno que presido tiene un compromiso con la verdad, la transparencia y la necesidad de cambiar las cosas para hacerlas mejor”, puntualizó.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó, esta mañana en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la ley que establece un Sistema de Entrevistas Videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves.
El objetivo de la iniciativa es evitar la doble victimización de los niños, compatibilizando el interés superior de los menores durante el proceso penal con dar eficiencia al sistema judicial.
La puesta en marcha del nuevo sistema será gradual y se estima que en el transcurso de dos años esté instalado completamente en todo el país.
“Es un día importante para los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos graves. Lo es también para sus familias y para quienes defienden sus derechos desde la sociedad civil. Y para el Estado que en su conjunto concuerda la mejor manera de evitar la victimización secundaria a la que se ven expuestos de manera permanente niños, niñas y adolescentes en nuestro sistema judicial”, manifestó la Mandataria.
La nueva legislación facilitará la grabación del testimonio del niño, niña o adolescente en dos instancias: durante la etapa de investigación del delito y en la etapa judicial. Los registros podrán ser utilizados las veces que sea necesario por fiscales y jueces, evitando que la víctima menor de edad deba comparecer en dos o más ocasiones, como ocurre hoy.
La medida se implementará en tres etapas: la primera entrará en vigencia transcurridos seis meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento. Comprenderá las regiones XV, I, II, VII, XI y XII. Implica 2.600 ingresos, y requiere la construcción de 5 salas y la capacitación de 42 entrevistadores.
La segunda entrará en vigencia transcurridos dieciocho meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento en cuestión, y comprenderá las regiones III, IV, VIII, IX y XIV. Esta etapa significa 4.000 nuevos ingresos, y requiere la construcción de 21 salas y la capacitación de 74 entrevistadores.
La tercera entrará en vigencia transcurridos veinticuatro meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento, y comprenderá las regiones V, VI, X y Metropolitana. Esta etapa significa 10.300 nuevos ingresos, y requiere la construcción de 12 salas y la capacitación de 113 entrevistadores.
“Así, a partir de la implementación de esta iniciativa los niños, niñas y adolescentes víctimas, al momento de prestar declaración solamente tendrán contacto con personas especialmente capacitadas para ello, en espacios acondicionados que garanticen su privacidad e intimidad”, puntualizó la Gobernante.
Esta ley aborda dos etapas centrales del proceso judicial, detalló la máxima autoridad nacional: la entrevista investigativa y la declaración judicial.
En el caso de la entrevista investigativa esta será realizada por un entrevistador designado por el fiscal, en un espacio físico especialmente acondicionado para ello. Respecto de la declaración judicial, el sistema propuesto contempla que el niño, niña o adolescente preste su declaración en una sala distinta de aquella en que se encuentran los intervinientes. Estará sólo con su intermediario, quien le formulará las preguntas solicitadas en la sala de una manera adecuada.
“Así, contamos con una herramienta que cautela y pondera cuidadosamente los derechos de la defensa, pero protegiendo y asegurando la integridad de los niños, niñas y adolescentes”, detalló.
Además, la ley establece que las personas que desempeñarán funciones de entrevistador e intermediario judicial deberán contar con una formación especializada y estar acreditados en un registro especial, que será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Con la promulgación de esta ley damos un paso más en materia de protección de infancia, velando por el grupo más vulnerable de niños, niñas y adolescentes, aquellos que han sido víctimas de delitos graves, aquellos que necesitan toda nuestra ayuda y merecen toda nuestra atención”, concluyó la Jefa de Estado.
Fuente: Presidencia.