El Consejo para la Transparencia (CPLT) lanzó una nueva guía que explica, en simple, la forma en que los órganos de la Administración del Estado deben dar cumplimiento a las obligaciones de publicación de información que se establece en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2026.
La guía no crea nuevas obligaciones. Lo que hace es ordenar lo que ya se debe transparentar por mandato de la referida ley de presupuestos, pero que, dada su extensión y complejidad, en la práctica se hace difícil de publicar sin mediar orientaciones. Por lo anterior, este documento clarifica a los encargados de transparencia de las distintas reparticiones públicas cómo publicar estos antecedentes sobre el uso de recursos públicos, permitiendo a la ciudadanía entender en qué se gastan.
Dentro de la información que se debe publicar se encuentra, por ejemplo, las actas de evaluación de licitaciones y compras, que son el documento donde se explica qué empresas participaron, cómo se evaluó su oferta y por qué se eligió a una sobre otras. Asimismo, hay que publicar información que se debe remitir al Congreso Nacional, tal como el cronograma mensual de gastos o las contrataciones y desvinculaciones de funcionarios.
Adicionalmente, la guía aborda cómo publicar los gastos asociados a avisaje y publicidad, debiendo informarse el contenido publicado, cuánto se pagó, en qué medios se difundió y quién fue contratado para ello, entre otros aspectos. También se incluye la publicación de información sobre transferencias de recursos a fundaciones u otras entidades privadas, debiendo explicitarse información de la entidad receptora, del proyecto que se financió y el monto de dinero entregado, entre otros antecedentes.
Del mismo modo, existen orientaciones tanto para los gobiernos regionales como para las municipalidades que son beneficiarios de recursos provenientes de la Ley del Royalty, para publicar cómo se ejecutan dichos fondos.
En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “esta guía busca algo bien concreto: orientar a las distintas reparticiones públicas para que cumplan cabalmente sus obligaciones de transparencia presupuestaria, y así las personas puedan entender en qué se están usando los recursos fiscales”.
“Cuando la información no está o está mal publicada, las personas no pueden ejercer control. Por eso es importante ordenar qué se publica y cómo. No hay que olvidar que, si algún órgano de la Administración del Estado falla en estos deberes de transparencia presupuestaria, las personas pueden recurrir ante el Consejo para la Transparencia y el incumplimiento derivar en la aplicación de una sanción”, agregó González.
El CPLT también invita a la ciudadanía a revisar esta guía, dado que es una herramienta útil para saber qué información se puede exigir. El documento ya está disponible en www.cplt.cl.
Fuente: CPLT.