La normativa, vigente desde 2022, avanza de forma gradual con la creación de las Oficinas Locales de la Niñez, espacios clave para prevenir vulneraciones. Sin embargo, su proceso de instalación enfrenta desafíos que fueron analizados durante un seminario en la UTalca.
Desde 2022, Chile cuenta con una nueva normativa que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Se trata de una ley sobre sus garantías y protección integral.
Su implementación ha sido progresiva y uno de los principales avances ha sido la creación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que funcionan como la puerta de entrada al sistema de protección integral que propone la ley.
Estos espacios se vinculan con instituciones públicas, actores comunitarios y las familias. Su tarea es recibir casos, prevenir vulneraciones y canalizar apoyos antes de llegar a instancias judiciales.
Sin embargo, expertos advierten que la puesta en marcha se ha visto dificultada por una insuficiente asignación presupuestaria, lo que limita su funcionamiento pleno.
“En la nueva orgánica se ve falta de recursos, o sea, equipos que no solamente están honorarios, que por lo mismo no pueden usar recursos municipales, ni tampoco pueden hacer visita a terreno. Avanzamos más en lo teórico que en lo real. Todo esto corresponde a un problema frecuente en la economía, por múltiples necesidades para pocos recursos, pero siempre hay que intentar poner a los niños primeros”, explicó el director del Centro de Estudios Sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CEDIA UTalca), Ruperto Pinochet.
En este contexto, el coordinador del Observatorio de Derechos de La Niñez de la Universidad de Tarapacá, Isaac Ravetllat, añadió que por ello se produce una gran rotación de profesionales. “No están suficientemente capacitados, debido a esa inestabilidad institucional, y hace que eso impacte directamente en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Y eso es un verdadero drama”, advirtió.
Implementación de la ley
La temática se analizó en un seminario en la Universidad de Talca, que tuvo como propósito generar propuestas ante los desafíos que enfrenta la implementación de la normativa. Según los especialistas, se requiere fortalecer su coordinación y optimizar los recursos para lograr mejores resultados.
“Las familias tienen miedo de que cuando se judicializan estos temas, lo primero que piensan es ‘me van a quitar al niño’. Las Oficinas Locales de la Niñez quieren asumir un rol diferente que es cómo se ayuda a la familia para que no sea necesario separarlos”, especificó Ravetllat.
Las OLN ya existen en algunas comunas, por ejemplo, del Maule y son fundamentales, ya que buscan reemplazar el antiguo modelo centrado en lo reactivo, dando paso a un enfoque descentralizado y preventivo. “Hemos trabajado fuertemente la coordinación con todos los espacios, tanto públicos como privados, en el tema de la sensibilización y socialización de la ley, lo que acarrea el involucramiento de diferentes actores”, añadió Andrea Soto Valdés, seremi (S) de Desarrollo Social y Familia del Maule.
Fuente: Universidad de Talca