El texto legal que pretende agilizar los permisos para la ejecución de proyectos se está discutiendo en el Congreso. El abogado Yerko Campillay es especialista en el tema y, en conversación con Diario Usach, califica la iniciativa del Ejecutivo como “un aporte con miras a la solución”.
Hace algunos días, el ministro de Economía, Nicolás Grau, informaba su deseo de que el proyecto de ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, también conocido como “permisología”, pueda ser aprobado, a más tardar, durante el mes de marzo.
Estamos hablando de un texto legal impulsado por el Gobierno del Presidente Boric y que, en términos simples, busca agilizar los tiempos (entre un 30% y un 70%) para la concesión de inversiones en el país. ¿Y de qué manera? Entre otras cosas, con la creación de un Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial y una reforma a la entrega de plazos de los permisos distintos a los ambientes necesarios para el desarrollo de iniciativas en áreas reguladas.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y durante esta jornada será discutida en la Comisión de Economía del Senado, instancia en donde participará el abogado Yerko Campillay, Director de Consultores en Exsa Global Consultores y Exsa Global UK Limited y experto en permisología especializada.
En conversación con Diario Usach, el jurista le da contexto al tema explicando que “la relación entre la necesidad privada para ejecutar proyectos y la solucionática pública (que corresponden a las autorizaciones que entrega el Estadio para la ejecución de proyectos) genera una relación que se ha venido a llamar permisología, lo cual es inexacto, porque eso correspondería a la ciencia que estudia los permisos. En legislaciones comparadas, se habla de ‘permisería’ y esta es un área del derecho administrativo que tiene que ver particularmente con la regulación, de forma que los privados obtienen de parte del Estado regulador las autorizaciones para ejecutar iniciativas”.
Campillay sostiene que la presentación del texto legal (hecho que ocurrió en enero de 2024) se dio “porque tal como ha sido de público y notorio conocimiento, se atribuye que la burocracia estatal ha ralentizado, por decirlo de alguna manera, la productividad porque, por un lado, existe una demora excesiva y, por otro, una falta de coherencia entre los permisos que se tienen que entregar para distintos proyectos”.
PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER LA INICIATIVA
El abogado Campillay resalta que el texto legal presentado por el Ejecutivo pretende “generar una coordinación entre los distintos sectores del Estado en aras, o procura, de logar una mayor agilidad en el otorgamiento de permisos, construyendo una serie de equivalentes (las declaraciones juradas) que son nuevas en esta materia”.
Por otro lado, indica que el proyecto “busca agilizar la ejecución de proyectos y un desconstrucción de la economía en Chile. Se supone que, a medida que los permisos sean más rápidos en su otorgamiento, los proyectos, de alguna manera, van a empezar a ejecutarse, y eso puede llevar a la generación de empleos y mayor nivel de productividad”.
Y para el especialista, un tercer punto clave es que con este texto legal “se establecería un nuevo órgano del Estado: una agencia de regulación y eficiencia de permisos que tendría como objetivo esclarecer cual cuales son las iniciativas que hay agilizar y hacer una suerte de coordinación entre distintos entes que están a cargo de entregar permisos sectoriales”.
En lo que respecta a este tema, Campillay sostiene que la solución para la agilización en la entrega de permisos “no pasa por más burocracia para desburocratizar los procesos, porque, en definitiva, eso es lo que está ocurriendo. La respuesta pasa en que se logre conciliar un concepto que es muy frecuente en el ámbito político público pero mucho menos recurrente en el ámbito técnico real. Es decir, a la alianza público privada”.
El jurista recuerda que “en el mundo privado, lo que normalmente se necesita es aprovechar las oportunidades del mercado porque eso genera rentabilidad. Pero la oportunidad no tiene ninguna importancia en el mundo público, porque su técnica decisional es radicalmente distinta. El problema que tenemos, en que, en la realidad, no hay un encuentro de los técnicos a cargo de la ejecución de los proyectos para que exista un avance en una suerte de mancomunión de cara al mejoramiento de la eficiencia de la relación público privada entre el regulador y los regulados”.
APORTES CON MIRAS A UNA SOLUCIÓN
Para el especialista, “la única manera de encontrar una fórmula es lograr una sincronización, o actuaciones sincronizadas, entre la necesidad privada y el mundo público es que tanto el funcionario público, siguiendo sus propias reglas, así como el privado, siguiendo sus propias reglas, sepan la técnica decisional contraria para que el técnico privado pueda pedir lo que corresponde y no lo que tenga ganas. Y a su vez, para que el público, sepa que lo que le están pidiendo tiene una necesidad urgente en el mercado. Debemos encontrar soluciones que nos permitan hacer más eficiente la relación público privada, pero no políticamente hablando, sino más bien, de una manera técnica”.
Ahora, mirando el texto que el Gobierno sacar durante el mes de marzo, Campillay lo califica como “un aporte con miras a la solución”. Para él, se trata “de un proyecto marco que no pretende sancionar ni zanjar de manera definitiva, ni detalladamente, todos los problemas que existen”. “Es un buen comienzo para posicionar el tema de la ‘permisería’”. Además, señala que sería un buen aporte en la medida que se incluyan fondos para la generación de capacitaciones para que se reúnan técnicos públicos y privados con la finalidad del bien común para la transmisión recíproca de técnicas decisionales que les permitan, a unos y otros, entender la importancia de la ejecución de los proyectos y del respeto por la regulación existente en el país”.-
Fuente: Usach.