Cada 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación de los Suelos, pero poco se habla de una erosión invisible: la provocada por residuos industriales mal gestionados que contaminan silenciosamente la tierra en Chile. A diferencia del agua o el aire, no existe una ley que regule esta contaminación, ni normas de calidad ni un catastro nacional que permita dimensionar el daño. En este vacío, miles de toneladas de lodos, aceites y escorias son dispuestas cada año sin trazabilidad ni tratamiento real.
Aunque la valorización de estos residuos es técnica y legalmente posible, sigue siendo desincentivada frente a la opción más barata y expedita de enterrarlos. En la práctica, el sistema legal actual no solo tolera esta dinámica, sino que la incentiva, perpetuando un modelo que compromete la salud de nuestros suelos y, con ello, la base misma de nuestra producción agrícola, forestal e industrial.
En este contexto, el Proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín 14.714-01), ingresado en 2021 y aún en su primer trámite constitucional, parecía una oportunidad para enfrentar esta deuda ambiental estructural, sin embargo, la decepción es evidente. El proyecto declara principios como la gestión sostenible y la creación de un catastro nacional, pero no establece obligaciones concretas ni fija estándares de calidad del suelo, contaminantes prioritarios o niveles de intervención. Aunque menciona un sistema de monitoreo y futuras normas, carece de plazos, exigencias técnicas y mecanismos de fiscalización, y no contempla una institucionalidad especializada que implemente y coordine acciones efectivas.
La experiencia internacional muestra otro camino. Alemania ha identificado más de 300.000 sitios con potencial contaminante, y ha intervenido más de 40.000, aplicando el principio de “quien contamina, paga” y tecnologías como excavación y biorremediación. En Estados Unidos, el programa Superfund ha movilizado más de 20.000 millones de dólares desde 1980 para limpiar sitios tóxicos, combinando fondos públicos con exigencias legales a contaminadores. México mantiene un registro nacional de sitios contaminados (RESICO) y exige planes de remediación aprobados por la autoridad ambiental. Colombia, por su parte, cuenta con guías técnicas obligatorias para diagnosticar, declarar y recuperar suelos degradados por residuos peligrosos. En todos estos países, la combinación de normas de calidad del suelo, estándares técnicos y obligaciones de remediación permite transformar pasivos ambientales en terrenos productivos y seguros.
Sin suelos sanos, no hay productividad sostenible, transición ecológica ni justicia territorial. Regular, proteger y recuperar los suelos del país no es un lujo ambiental, es una condición básica para sostener cualquier modelo de desarrollo.
Por Felipe Barros, gerente general de Ecológica
Fuente: Corpo