- Complicaría el panorama social, dado el aumento de la carga y por esto la precarización del sistema público, y el incremento de desprotección hacia los grupos más vulnerables de la sociedad. Además de los US$ 730 millones de recursos fiscales adicionales que debería compensar el Estado.
Tras la aprobación en particular de la creación de un Sistema Universal de Salud únicamente estatal y financiado por los aportes de todos los chilenos en la comisión de Derechos fundamentales de la Convención Constitucional, la Asociación de Isapres de Chile hizo un llamado a los convencionales, de cara a la votación en el pleno. Desde el gremio llaman a tener en consideración las serias consecuencias que podría generar en la calidad y acceso de salud de todas las personas, tanto de Fonasa como de las Instituciones de Salud Previsional.
Al respecto, cuestionan que la norma aprobada no prioriza el objetivo que se garanticen derechos para que todas las personas tengan una atención de salud de calidad y oportuna. Para ello, lo que se tiene que hacer es mejorar el sistema público de salud, no eliminar el sistema privado, que funciona bien.
Asimismo, cuestionaron que lo aprobado confunde lo que es un sistema único con un plan universal de salud. El primero implica un salto al vacío, un tremendo riesgo derivado de trasladar a todas las personas al sistema público, sin posibilidad de elección. En cambio, el segundo, es decir, un plan universal, implica garantizar un conjunto de derechos a todas las personas por igual.
En línea con lo anterior, desde la Asociación de Isapres enfatizan que la existencia del sector privado no es excluyente con los derechos de la salud; todo lo contrario, apoya y contribuye a cumplir las garantías que se puedan establecer. Una vez se establezcan derechos en salud en la nueva Constitución, lo que corresponde es que el Estado tome las acciones para que se cumplan por parte de todos los actores, sea Fonasa, Isapres, Prestadores, Reguladores y Fiscalizadores.
Otro punto que destacan es el impacto económico que tendría una reforma de este tipo. Al respecto, recientemente se dieron a conocer los resultados del análisis de la Fundación Politopedia, que concluye que el Estado se verá obligado a aumentar los gastos fiscales en US$ 730 millones para solventar la llegada de los nuevos beneficiarios, dado que los aportes de 7% de los afiliados de Isapres no bastarían para costear las actuales atenciones en el sistema público. Respecto de lo anterior, también se debe considerar el costo de licencias médicas de las Isapres, que solo durante el 2021 requirieron $ 950.000 millones.
Desde la Asociación de Isapres enfatizan que, si bien el ámbito económico de la salud privada y su desarrollo se verá duramente golpeado, la mayor repercusión será en los más de 3 millones de chilenos quienes, con el fin de las Isapres, serán traspasados a un sistema que no tiene la capacidad necesaria.
Al respecto, el presidente del gremio, Gonzalo Simón, precisó que “no solo perjudicará a los más de 3 millones de usuarios que por elección están en Isapres, sino que en el sector público, que registra problemas en cuanto a la calidad y listas de espera, se evidenciará un incremento en su carga y por ende, problemas en el acceso a atención de salud”.
Simón, además, añadió que “otro punto que nos genera una gran preocupación, es que esta migración de toda la población chilena al sector público podría poner en riesgo a aquellas personas que se atienden a través del GES y que tienen patologías crónicas o graves. Lo anterior, significa desproteger a este grupo de personas que ya se encuentran en situaciones delicadas”.
Finalmente, desde el sector llamaron a los convencionales a reflexionar, analizar la propuesta de la comisión con datos técnicos, de modo de no avanzar en cambios que deteriorarán el sistema de salud chileno, en tiempos en los que se requiere robustecer, de modo de responder a las necesidades actuales y desafíos emergentes.
Fuente: Extend.