El INDH entregó los primeros hallazgos de la observación y anunció un recurso de protección para proteger los derechos de la población. En las próximas semanas entregará el informe definitivo.
Angustia, confusión y desinformación respecto de la “alerta amarilla” decretada por el Gobierno, es parte de la situación que afecta a las miles de personas que habitan la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví. Esto sumado a la afectación a sus derechos a la vida y a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la educación, al trabajo y a otros derechos, vulneraciones que fueron constatadas en terreno por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El INDH realizó una misión de observación en la zona entre el 11 y el 13 de septiembre, donde se conoció in situ la gravedad del problema. Es tan profunda la crisis, que más de 300 personas de la zona debieron ser atendidas de urgencia en centros asistenciales de salud por síntomas de intoxicación.
Y el problema abarca diferentes dimensiones, según constataron los 14 profesionales y técnicos del INDH que estuvieron en el territorio y que realizaron 39 entrevistas a autoridades, funcionarios de la salud, educación, estudiantes, pequeños comerciantes, pescadores, trabajadores de las industrias; y que participaron en cinco encuentros grupales con organizaciones, visitando las localidades de Las Ventanas, Horcón, La Greda, Quintero y Puchuncaví. Cabe advertir que algunas autoridades indicaron no tener posibilidad de agenda para recibir a la delegación.
Entre los hallazgos, se observó que la situación de contaminación es crónica y genera episodios frecuentes de agravamiento, que también tienen efectos acumulativos en el tiempo para el medio ambiente y la población.
La comunidad señaló que constantemente hay malos olores y nubes negras de las chimeneas de las industrias, principalmente de noche, que viven con permanente dolor de cabeza y nauseas, lo que les impide desarrollar sus actividades con normalidad, como la realización de ejercicio al aire libre.
Lo anterior, afecta gravemente la salud física y mental de las personas. Cabe señalar que existen estudios sobre calidad de aire, suelo, agua dulce y de mar, particularmente para Puchuncaví, que muestran los efectos para la salud de la comunidad, y el ecosistema terrestre y marítimo. Sin embargo, los estudios requieren ser realizados por organismos oficiales e independientes para que sus conclusiones sean tomadas en cuenta por el Estado.
Debido a los constantes episodios de contaminación y a la “alerta amarilla” decretada por la ONEMI, muchas escuelas han debido cesar las clases para resguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes. Esto –según el INDH- ha vulnerado su derecho a la educación.
Se pudo verificar también que la contaminación tiene efectos en el derecho al trabajo, ya que el Estado no ha garantizado a las comunas afectadas el goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que les aseguren a sus habitantes una existencia digna.
Se recogieron testimonios de pequeños comerciantes y pescadores, quienes acusaron una baja en el turismo, las ventas y el comercio; a la vez que trabajadores contratistas señalan sufrir una baja en sus remuneraciones por menos turnos e incertidumbre laboral.
Otros derechos que han sido vulnerados por la acción u omisión del Estado, son aquellos relativos al acceso a la información ya la transparencia, y a la posibilidad de manifestarse pacíficamente. El INDH asegura que la gente no sabe qué sucede, ni siquiera qué significa una “alerta amarilla”, desconociendo planes de acción y mitigación para enfrentar la contaminación.
El INDH observó varias manifestaciones en los días que estuvo en el territorio, viendo que se desarrollaron con normalidad. No obstante, según testimonios ciudadanos, ha habido represión en el sector La Greda, específicamente el sábado 8 de septiembre se registró un uso excesivo de la fuerza y se ha mantenido una inusual presencia policial, particularmente de Fuerzas Especiales de Carabineros, algo que califican como absolutamente inédito para la zona, pues nunca antes habían tenido este tipo y número de presencia policial.
La directora del INDH, Consuelo Contreras Largo, quien lideró la misión, se refirió respecto de los hallazgos la observación y de las acciones a seguir. “Mañana presentaremos a las 10 horas un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaiso, en el que solicitaremos medidas al Estado de Chile para resolver el conflicto y para resguardar el respeto de los derechos humanos de los habitantes de Quintero-Puchuncaví”.
“Suponíamos la vulneración de los derechos a la vida, a la salud y vivir en un medioambiente libre de contaminación. Sin embargo nos sorprendió la falta de información que afecta a la población, la ciudadanía no sabe qué significa “alerta amarilla” y no conoce cuales son los químicos que les están afectando, por lo que una de nuestras primeras solicitudes a las entidades pertinentes será la realización de una campaña de información para que la gente se informe correctamente”, concluyó la directora del Instituto.
Fuente: INDH.