En entrevista con el programa Línea 1, de Radio y Tv Usach, Andrea Zondek alertó que, sin fiscalización ni consecuencias reales, el incumplimiento se normaliza y la Ley de Inclusión pierde su impacto en la reducción de brechas sociales.
El próximo 31 de enero vence el plazo para cumplir con la Ley de Inclusión Laboral, hito que marca el término del período establecido para que instituciones públicas y privadas se adecuen a las exigencias vigentes. La fecha límite ha generado preocupación en distintos sectores, ante eventuales sanciones y el impacto que podría tener el incumplimiento de la normativa, especialmente considerando que menos del 40% de las entidades obligadas cumple efectivamente con la ley, según advirtió Andrea Zondek, presidenta de Fundación TACAL.
En entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach, Zondek explicó que la Ley 21.015, promulgada en 2018, establece que todas las empresas y servicios públicos con 100 o más trabajadores deben contratar al menos un 1% de personas con discapacidad. “A partir del año 2018, todas las empresas que tienen 100 o más trabajadores, públicas y privadas, tienen que tener el 1% contratado, y lo que vence ahora al 31 de enero es la comunicación electrónica”, señaló.
Este trámite, que se realiza entre el 2 y el 31 de enero, debe efectuarse en la plataforma de la Dirección del Trabajo e implica acreditar el cumplimiento mediante la subida de contratos de personas certificadas. “No basta con decir que se cumple. Se hace una comunicación electrónica y tienes que subir todos los contratos”, precisó Zondek, advirtiendo además que, con el cambio de gobierno, existe incertidumbre respecto de cómo se desarrollará la fiscalización.
Uno de los puntos críticos, según la presidenta de Fundación TACAL, es el uso de medidas alternativas, como las donaciones a fundaciones acreditadas, que la ley permite cuando no se cumple la contratación directa. “Es para cumplir la ley, pero no era el objetivo original. La idea siempre fue la inclusión laboral. Pero al parecer a las empresas les sale más barato pagar multas o hacer donaciones que adaptar espacios para personas con discapacidad”, afirmó.
Zondek subrayó que, si bien el cumplimiento ha aumentado lentamente en el sector privado, el Estado presenta los peores niveles de cumplimiento. “El Estado cumple muchísimo menos que el mundo privado, porque el mundo público no se multa a sí mismo. Cuando no hay sanción, las leyes terminan muertas”, sostuvo. Si bien el año pasado se introdujo una modificación que permite sancionar a directores de servicio, aseguró que no se aplicó ninguna sanción efectiva.
Desde Fundación TACAL, recalcó, el foco está puesto en la inclusión real y no en la caridad. “No creemos en la caridad porque la caridad dura un ratito. Pero si tú incorporas a tu equipo a una persona con discapacidad que se desempeña adecuadamente, olvidas la discapacidad y pasa a ser uno más del equipo”, explicó.
La preocupación también se extiende al impacto social de la falta de inclusión. Zondek mencionó datos de la Encuesta Casen, que muestran que la pobreza en personas con discapacidad no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado. “Hay cerca de 40 mil personas con discapacidad más pobres que hace dos años. Puede que estadísticamente no sea relevante, pero demuestra la tremenda brecha con las personas sin discapacidad, cuya pobreza bajó en un 3%”, enfatizó.
Finalmente, apuntó a una deuda estructural del país en materia educativa. “Partimos al revés: con la obligatoriedad de incluir en el mundo laboral, pero no con la obligatoriedad de incluirlos en la escuela”, dijo, agregando que Fundación TACAL no solo capacita a personas para ingresar al trabajo, sino que también ha abierto proyectos para profesionales y técnicos, ante la queja recurrente de que, pese a su formación, “siempre les ofrecen un cargo menor”.
Fuente: Usach.