Por Marisol Durán Santis, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana
Más allá del 8M como fecha que se conmemora, marzo se ha consolidado como un momento de reflexión sobre los derechos de las mujeres y los variados desafíos pendientes en materia de igualdad. Sin perder la perspectiva histórica, por cierto, de los avances alcanzados.
La igualdad de género sigue siendo uno de los grandes desafíos democráticos de nuestro tiempo. La experiencia histórica demuestra que ningún derecho está garantizado para siempre y que cada conquista social requiere convicción, compromiso institucional y una ciudadanía activa dispuesta a resguardar lo alcanzado.
En este escenario, las universidades públicas tienen una responsabilidad particular. No sólo formamos profesionales y generamos conocimiento, también contribuimos a moldear la cultura democrática del país. Por ello, avanzar en igualdad de género no constituye una agenda secundaria, sino que una dimensión central de la calidad de la enseñanza superior y del compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad nacional.
Promover espacios basados en dignidad, respeto y no discriminación fortalece la vida universitaria en su conjunto. Se amplían las preguntas de investigación, se enriquecen los marcos de análisis y es posible comprender de mejor manera la complejidad de la realidad social. En ese sentido, la equidad de género no sólo corrige desigualdades históricas: también mejora la capacidad de las instituciones para cumplir su misión.
En los últimos años, las universidades han avanzado en la instalación de políticas y protocolos destinados a prevenir la violencia de género, el acoso sexual y distintas formas de discriminación. Estos pasos son relevantes, pero también nos recuerdan que los cambios culturales no ocurren por inercia. Requieren formación, diálogo permanente y una voluntad institucional sostenida en el tiempo.
Otro avance significativo ha sido la creciente presencia de mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones. Esta apertura responde a un principio de justicia y fortalece a las instituciones al incorporar trayectorias, experiencias y perspectivas que potencian la conducción académica.
Hace más de un siglo, la docente y premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral señalaba la necesidad de incluir la educación de las mujeres como parte fundamental de cualquier proyecto de desarrollo. Su reflexión mantiene plena vigencia: ampliar las oportunidades de formación y participación para las mujeres es también ampliar las capacidades de toda la sociedad.
Debemos continuar revisando nuestras prácticas institucionales, identificar brechas que persisten, muchas veces de manera silenciosa, y generar condiciones que permitan trayectorias académicas y laborales libres de discriminación y violencia. También supone abrir más oportunidades para niñas y jóvenes en ámbitos que históricamente han puesto barreras de acceso, como las áreas científicas y tecnológicas.
Pero este desafío no corresponde únicamente a las mujeres. La igualdad de género es una responsabilidad colectiva que involucra a toda la comunidad universitaria y, en un sentido más amplio, a la sociedad.
Marzo nos recuerda que las transformaciones requieren perseverancia y compromiso. Para las universidades públicas, asumir esa tarea forma parte de su misión. Porque cuando las mujeres avanzan, también lo hacen las instituciones. Y cuando las instituciones avanzan en igualdad, se fortalece la democracia y se amplían las posibilidades de desarrollo del país.
Fuente: Vital Comunicaciones.