La Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transportes de Valores (ASEVA), alertó sobre el retraso de la entidad fiscalizadora en la entrega de credenciales y autorizaciones para que guardias y vigilantes puedan trabajar como tal una vez que son contratados.
“Hoy la demanda por personal de seguridad privada va al alza en diversos sectores. Si bien hay efectivos para dar cumplimiento a los requerimientos de empresas, condominios residenciales y eventos puntuales, hay un cuello de botella en la entidad fiscalizadora, que tarda hasta cuatro meses en acreditar que las personas están capacitadas y preparadas para ejercer como tal”, explicó Hugo Ibaceta, presidente del gremio.
La seguridad privada está facultada para resguardar recintos comerciales, condominios residenciales, malls, centros de bodegaje y lugares de atención al público como bancos, entidades gubernamentales, entre otros.
“Actualmente hay cerca de 200 mil guardias y vigilantes privados en el país que pueden ser coadyuvantes activos de Carabineros y la PDI en materia de seguridad, pero el retraso en las autorizaciones para ejercer y la falta de un marco legal robusto y actualizado, que les permita actuar en ciertas situaciones y coordinarse mejor con las policías, limita su margen de acción y lo que puedan hacer al enfrentarse a hechos delictuales”, dijo el dirigente.
Ibaceta agregó que “la ciudadanía exige cada vez más seguridad y que se implementen medidas urgentes para enfrentar la delincuencia en las calles, al igual que el comercio y el sector empresarial”.
Desde Aseva han propuesto diversas medidas para enfrentar la crisis de seguridad, donde los delitos de mayor connotación social subieron un 44,6% en 2022 en comparación con 2021 y el 58,6% de los comercios han sido víctimas de la delincuencia:
– Crear un Macrosistema de Seguridad: Una nueva institucionalidad que incluya a la Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones, autoridades de Gobierno; municipalidades y empresas de seguridad privada y permita coordinar medidas efectivas de prevención de delitos.
– Fortalecer la preparación de guardias y vigilantes privados: hay unas 200.000 personas en el país trabajan en el rubro y prestan seguridad a las personas e instituciones y tienen requerimientos periódicos de formación y perfeccionamiento, demandando un control administrativo más ágil por parte de Carabineros.
– Acelerar el proceso de acreditación en Carabineros: desde que un guardia o vigilante privado es contratado hasta que obtiene su acreditación por parte del OS-10 y puede ejercer como tal, pasan unos cuatro meses y si cambia de empresa, debe realizar todo el proceso desde cero. Hoy el sistema de acreditación está obsoleto y por lo mismo es ineficiente, con un déficit importante de recursos técnicos y humanos, por lo que es necesario modernizarlo, esto permitirá tener más personal disponible y mejor preparado. Actualmente cerca del 30% de los guardias y vigilantes con su curso aprobado, no cuenta con su credencial para trabajar.
– Ley de Seguridad Privada: los guardias y vigilantes privados son quienes deben velar por la seguridad de personas y comercios en, por ejemplo, los malls. Hoy están regulados por decretos antiguos, cuyas directrices de acción y atribuciones no se condicen la situación actual de la seguridad en el país. La tramitación del cuerpo legal lleva más de 10 años durmiendo en el congreso y si bien, el Gobierno se comprometió a enviar indicaciones durante el primer semestre, es urgente que el parlamento avance en su discusión, con o sin las indicaciones del Ejecutivo. Aseva está disponible para aportar cuando se requiera.
Fuente: Vital Comunicaciones.