23 de Noviembre de 2022.- Greenpeace interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), contra la empresa Cooke Aquaculture “dado que en su actual ciclo productivo la salmonera canadiense sembró una cantidad de peces mayor a lo dispuesto en su proyecto técnico llamado “Huillines 3”, esto sin evaluación ambiental, eludiendo por tanto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, explicaron desde la organización ambientalista.
Cooke Aquaculture es una empresa canadiense que tiene 22 concesiones salmoneras en la Región de Aysén, de las cuales 19 están en operación. Cuatro se encuentran al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael (Estero Cupquelan): Huillines 2, Huillines 3, Punta Garrao y Bahía Exploradores. Los tres primeros centros son investigados desde abril de 2021 por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por sus anteriores ciclos productivos, en un proceso sancionatorio donde ya formuló cargos.
“Los Centro de Engorda de Salmones (CES) Huillines 2 y 3 se encuentran operando fuera del área de concesión, además de que habrían modificado sus proyectos originales para producir más y en el caso del CES Punta Garrao también estaría produciendo más de lo autorizado. En consecuencia, los tres centros han estado eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Lo que debe ocurrir es que la autoridad, SMA en este caso, clausure estos centros por sus ilegalidades y no los relocalicen”, explicó Silvana Espinosa, Geógrafa de Greenpeace.
“Actualmente, el CES Hullines 3 está ejecutando su último ciclo productivo sin evaluación ambiental. Esta empresa, de acuerdo a su Proyecto Técnico, tiene una producción máxima autorizada de 125 toneladas por ciclo. Pero el pasado 3 de agosto recibió autorización de Subpesca para sembrar 617.756 peces, equivalente a 2.363 toneladas. “Es decir, 2.238 toneladas más de lo autorizado en su proyecto, gracias a que se acoge a normas que permiten estas distorsiones, como la “reducción de siembra”. Pese a ello, la empresa está obligada a ingresar al SEIA y evaluar sus impactos, cuando esto implique un aumento de más de 35 toneladas, algo que el centro de Cooke supera con creces” señalan desde Greenpeace.
En otros escenarios técnicos como este, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha explicado que existe una relación directa entre el volumen de producción y la situación aeróbica, y por ende la vida marina del fondo en que se depositan los sedimentos provenientes del centro de cultivo. De este modo, al presentar una producción mayor a la permitida, se genera en la zona donde se emplaza el CES, una carga ambiental, que implica un mayor nivel de impacto y riesgo ambiental, en razón del aumento de los aportes de materia orgánica e inorgánica en los sedimentos que facilitan los procesos anaeróbicos, dispersión en el agua, precipitación de sedimentos y una disminución del oxígeno disuelto en la columna de agua.
“Esto es especialmente grave en áreas protegidas como un Parque Nacional, que es la máxima categoría de protección legal y donde el ente legislador ha puesto especial énfasis en su objetivo de protección y conservación. Es por ello que desde Greenpeace presentamos una denuncia frente a la SMA, porque nos parece inaceptable que las empresas actúen al margen de la ley, afectando libremente la salud de nuestros ecosistemas”, enfatizó Espinosa.
Fuente: Greenpeace