– El Congreso se posiciona como uno de los actores responsables con menos porcentaje de avance en estas iniciativas. Sin embargo, durante los últimos meses y dada la contingencia, la obligación de empujar estas medidas por parte del Ejecutivo se ha ido complejizando y alcanza a solo un 27% de progreso de las medidas a mediano plazo.
30 de mayo de 2024. El 28 de agosto del año pasado, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, presidida por María Jaraquemada (exdirectora ejecutiva de Chile Transparente), entregó el informe encomendado, con 46 medidas, para cumplir el objetivo propuesto, que fue una de las respuestas del Gobierno frente al caso Convenios.
Desde el fin de esta primera etapa, Chile Transparente ha trabajado en el monitoreo constante de los avances, de acuerdo a los plazos acordados con el Ejecutivo.
En el marco de este segundo balance, el informe señala que se observa un esfuerzo en la gestión interna del Gobierno para lograr el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, pero en varias de ellas aún no es posible advertir resultados concretos y en algunos casos se observan incoherencias entre el estándar propuesto por la Comisión y las acciones emprendidas, lo que totaliza un progreso general de solo un 38%.
Respecto a las apreciaciones entregadas por Chile Transparente en el reporte, la organización detalla que se observa un esfuerzo en la gestión interna del Gobierno para lograr el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, pero en varias de ellas aún no es posible advertir resultados concretos.
“A la fecha, la única medida que está efectivamente bien cumplida es la rendición de cuentas, que es que el Gobierno se comprometió a reportar mensualmente su grado de avance. Por otra parte, de las propuestas que tienen contenido real de posibilidades de cambio, a la fecha ninguna logra un avance que supere el 50%. Incluso, algunas medidas no responden al espíritu de las recomendaciones que hizo la Comisión”, explicó el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa.
Sobre las apreciaciones más relevantes
El texto asevera que es necesario avanzar en soluciones estructurales permanentes y no en respuestas transitorias como las incorporadas por medio de la Ley de Presupuestos para el sector público 2024.
Es necesario activar todos los mecanismos y herramientas que tiene el gobierno para empujar los proyectos de ley en tramitación, como por ejemplo él envió de urgencias legislativas a proyectos como: Beneficiarios finales o reales, acceso a la información, transferencias e integridad municipal.
El Proyecto de Ley de Transferencias, si bien establece estándares diferenciados de rendición de cuentas según cuantía de recursos públicos transferidos, no determina una clasificación de las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), como propone la Comisión. Hasta el momento no hay avances en este punto.
También se detalla que, este proyecto incorpora distintas obligaciones para IPSFL, pero no avanza en la obligatoriedad de mecanismos para la gestión de la integridad de las entidades, como Códigos de Ética o canales de denuncias.
Junto con esto, se destaca que el Proyecto de Ley de integridad municipal propone importantes avances para el sector y las corporaciones, sin embargo, todavía no existen avances para Gobiernos Regionales.
Además, la regulación del uso de glosas sólo es aplicable al presupuesto 2024, a cinco meses del año todavía no hay avances comprobables para una regulación permanente.
Finalmente, el informe revela que se evidencian escasos avances en los Organismos Autónomos, como la Contraloría General de la República en cuanto a los compromisos de auditorías, revisiones o nuevos estándares de control.
Avance por actor responsable
Ejecutivo 38%
Congreso Nacional 22%
Organismo Autónomo 25%
Puedes revisar el detalle sobre el segundo balance de la Comisión Jaraquemada ingresando al siguiente link:
–https://www.chiletransparente.cl/seguimiento-comision-probidad-y-transparencia/
Respecto al primer balance
Para la primera evaluación, realizada en diciembre del año pasado, que comprendía una visión general y una perspectiva de corto plazo, se percibía un progreso de 35 y 59%, respectivamente. De lo anterior, se destacaba que del total de las 46 medidas propuestas, 20 contenían alguna actividad o avance.
Los avances más significativos se registraron en las medidas más inmediatas adoptadas por el Gobierno, las que se reflejaron en 22 acciones dentro de 19 medidas propuestas.
Fuente: Extend.