Por Mauricio Bórquez, Senior Account Manager para Gobierno de Motorola Solutions
La seguridad pública en Chile transita por un punto de inflexión. Según la última Encuesta
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC 2024), la percepción de inseguridad
alcanzó un récord histórico, reflejando la urgencia de transformar nuestra estrategia de
prevención y control. Ante la creciente complejidad de los desafíos inherentes a la
prevención del delito, la fiscalización territorial y el control operacional, la tecnología se
consolida como un eje estratégico que habilita una respuesta de mayor eficacia y
proactividad. En este escenario evolutivo, que incorpora además una institucionalidad
fortalecida, la gestión inteligente de video y el análisis avanzado de datos trascienden la
mera tendencia para erigirse como pilares fundamentales sobre los cuales se deben
cimentar soluciones sostenibles.
Tradicionalmente, los sistemas de video seguridad se conceptualizaban primordialmente
como elementos disuasivos o herramientas forenses. Sin embargo, la evolución hacia
plataformas de análisis inteligente ha transformado cada secuencia de video en una fuente
de información procesable en tiempo real. La funcionalidad se extiende más allá de la mera
observación, abarcando la interpretación contextual, la automatización de alertas, la
correlación de conjuntos de datos heterogéneos y, fundamentalmente, la anticipación de
situaciones críticas para la prevención delictual.
Esta capacidad predictiva adquiere especial relevancia para los gobiernos locales y
regionales, que a menudo enfrentan déficits de atribuciones y recursos en la gestión de la
inseguridad. Las tecnologías de análisis de video posibilitan una intervención proactiva,
mitigando la escalada de incidentes. Adicionalmente, su integración con sistemas de
comunicación crítica optimiza drásticamente los tiempos de respuesta operacional.
Implicaciones de la Nueva Ley de Seguridad Privada (Ley 21.498)
En este contexto de modernización, es crucial considerar las obligaciones que la nueva Ley
de Seguridad Privada N° 21.498 introduce, particularmente en lo que respecta al uso y
gestión de la video seguridad. Esta legislación establece un marco regulatorio más estricto
para las empresas y servicios de seguridad privada, incluyendo la regulación sobre la
captación, tratamiento y almacenamiento de imágenes y datos personales. El uso de estas
tecnologías debe adherirse estrictamente a principios de legalidad, finalidad,
proporcionalidad y transparencia, garantizando la protección de la privacidad de los
ciudadanos y la rendición de cuentas sobre el uso de la información. Esto implica un desafío
y una oportunidad para armonizar la eficacia operativa con el respeto irrestricto a los
derechos fundamentales.
Transparencia y Eficiencia Operacional
Otro componente esencial es la implementación progresiva de cámaras corporales
(bodycams) por parte de las fuerzas policiales, inspectores municipales y demás
funcionarios de seguridad pública. Su adopción no solo fomenta la transparencia operativa,
sino que también ofrece un doble resguardo, protegiendo tanto a la ciudadanía como al
personal en funciones fiscalizadoras. En un entorno donde la legitimidad institucional es un
factor crítico, la disponibilidad de evidencia audiovisual objetiva constituye un diferenciador
significativo.
La materialización de esta transformación tecnológica no se limita a la mera adquisición de
hardware y software. Demanda una perspectiva estratégica que promueva la
interoperabilidad sistémica entre instituciones, garantice el uso ético y la seguridad de los
datos, y desarrolle las capacidades del capital humano para la utilización de estas
herramientas con criterio, una clara orientación preventiva y un enfoque centrado en
resultados medibles.
En este sentido, las administraciones gubernamentales poseen la oportunidad, y la
responsabilidad inherente, de liderar esta transición. La gestión de la seguridad no puede
permanecer anclada en paradigmas reactivos. Las amenazas propias del siglo XXI exigen
capacidades tecnológicas acordes. En esta ecuación, la inteligencia artificial, el análisis de
datos masivos y la integración tecnológica no representan un valor añadido opcional, sino
una necesidad operativa ineludible.
Lo que se observa actualmente en diversas comunas y regiones de Chile es apenas el punto
de partida. Cuanto antes se comprenda que la gestión inteligente de video no es una
solución fragmentada, sino un componente integral de un ecosistema de seguridad pública
más robusto y modernizado, más expeditamente se logrará la recuperación de espacios
públicos, el incremento de la percepción de seguridad y una respuesta eficaz a las
demandas ciudadanas.
Fuente: viacentral.