El candidato independiente, a constituyente por el distrito 11, presentó una solicitud al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para que adopte las medidas, que sean necesarias, para resguardar los derechos humanos del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en el control del orden público.
Junto con ello, Francisco Orrego solicitó, además, la creación de una unidad jurídica especializada para defender judicialmente a los uniformados afectados por acusaciones realizadas en el marco del ejercicio de su labor de resguardo del orden y la seguridad pública.
“Hoy el Estado de Chile, no sólo está fallando en su obligación de otorgar seguridad y orden público a la población civil, sino que también a la policía uniformada y civil junto con las Fuerzas Armadas , lo que implica que sus derechos humanos, en cuanto a civiles y funcionarios policiales, se están viendo afectados diariamente en nuestro país. Eso hace que la temática sobre cuáles son los derechos humanos de estos funcionarios, cobre especial relevancia a propósito del próximo inicio del trabajo de elaboración de una nueva Constitución, donde aspectos como la seguridad ciudadana y el orden público, así como la mejor institucionalidad aplicable, serán parte del debate constitucional”, indica el escrito presentado esta mañana por el candidato independiente a constituyente por el distrito 11.
En el documento Orrego solicita : a) la adopción, en carácter de urgente, de todas la medidas que permitan resguardar los derechos humanos, entre ellos la vida, integridad física y debido proceso, del personal de las fuerzas policiales y de las FF.AA. en el control del orden público, dentro de todo el territorio nacional b) la modificación y/o reemplazo de las llamadas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) actualmente vigentes, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, de manera que los derechos humanos de los policías y uniformados, sean debidamente reconocidos y resguardados. Ello, pues estas Reglas de Uso de Fuerza han sido elaboradas a partir de evidentes sesgos ideológicos, primando una visión restrictiva del uso de la fuerza ante temores políticos y judiciales, y no ofrecen una solución ni garantía para la actuación de los uniformados ante eventos de disturbios, desórdenes o vandalismo c) la creación de una unidad jurídica especializada que se encargará de defender judicialmente a los uniformados afectados por acusaciones realizadas en el marco del ejercicio de su labor de resguardo del orden y la seguridad pública.
“Ante el vertiginoso surgimiento, y recrudecimiento, de hechos de violencia en todo el territorio nacional, los ciudadanos se sienten desvalidos y abandonados por un Estado que no ha sido capaz de respetar y garantizar sus derechos, al mismo tiempo que no ha tenido la voluntad de avanzar en un marco regulatorio acorde que permita a las fuerzas armadas y policiales actuar, de manera proporcional, para enfrentar la violencia, cuidar por la seguridad de los chilenos, junto con respetar y cuidar la vida, integridad física y debido proceso de los funcionarios policiales y/o de las Fuerzas Armadas”, indica Francisco Orrego.
Según explica el escrito, hoy la percepción de que la seguridad ciudadana y el orden público se está deteriorando ya se transformó en una realidad, pues son muchos los chilenos que sienten miedo e inseguridad en sus casas o en los espacios públicos. Adicionalmente, esta situación ha forzado que los lugares de trabajo suspendan sus actividades o funcionen sólo a tiempo parcial, y ha hecho que se pierdan miles de puestos de trabajo. Junto con ello, los chilenos estamos presenciando una serie de situaciones que van desde violencia urbana hasta hechos de violencia rural, con actos de terrorismo en la macro zona sur del país, donde la sensación de inseguridad y terror afecta a miles de chilenos.
“Los asaltos, encerronas, portonazos, incendios de casas y quema de campos y camiones, lamentablemente ya son pan de cada día. Ante esto, uno se pregunta, por qué las Fuerzas Armadas y policiales no actúan de manera más enérgica. Y la triste respuesta es que, por más que quisieran, no pueden hacerlo, porque el Estado no ha sido capaz de garantizarles que pueden desarrollar su labor sin que se vean expuesta su vida y sus derechos. Lo que genera que hoy, ciudadanos, Fuerzas Armadas y policiales, seamos mudos testigos del accionar de los delincuentes y terroristas, quienes amparados por una legislación prehistórica, no tienen pudor alguno en seguir destruyendo el país”, concluye Orrego.