En un seminario en el que participó el ministro Nicolás Grau, académicos y especialistas abordaron los impactos de la propuesta legal que modifica más de 40 normas sectoriales.
Analizar los alcances del proyecto de Ley de Permisos Sectoriales —iniciativa que busca modernizar el Estado, reducir la burocracia y acelerar la inversión en Chile— fue el objetivo central de un seminario organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), a través de su Centro de Acción Climática, y que contó con la participación del ministro de Economía, Nicolás Grau.
La actividad se llevó a cabo en la Sala Isabel Brown Caces (IBC) y se centró en los obstáculos que enfrentan actualmente los proyectos e iniciativas de inversión, así como en las respuestas y oportunidades que propone este proyecto de ley, sin perder de vista los desafíos asociados a la protección ambiental y al desarrollo sostenible del país.
La iniciativa —que actualmente se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional— propone modificaciones a más de 40 leyes sectoriales. Su objetivo principal es reducir los tiempos de tramitación de proyectos, sin rebajar los estándares regulatorios. Entre sus medidas, contempla normas mínimas de tramitación, el uso de técnicas habilitantes que permitirían reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o simples avisos, la creación de una ventanilla única digital y la incorporación de una nueva institucionalidad técnica: la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, al interior del Ministerio de Economía.
Durante la jornada, el rector de la PUCV, Nelson Vásquez, destacó que “saber que a través de este proyecto de Ley de Permisos Sectoriales hay un norte mucho más claro de modernización del Estado, de acortar los trámites de la administración pública en varios ámbitos, nos alegra muchísimo. Las sanas políticas públicas en este país se construyen con información”. Agregó que “es muy relevante que en una construcción de política pública se defina con claridad el rol del Estado como un ente regulador, como un apalancador de la inversión pública que sea clave para la inversión de los privados”, complementó la autoridad.
Por su parte, el ministro Nicolás Grau enfatizó que uno de los principales objetivos de la futura ley es reducir entre un 30% y un 70% los tiempos asociados a la tramitación de los permisos sectoriales, a través de la modernización de los procesos administrativos. “Hay un desafío importante en el proyecto de implementación”, resaltó el secretario de Estado. Añadió que “tenemos la posibilidad de mejorar estos permisos y en particular disminuir sus tiempos, sin por ello reducir el estándar regulatorio. Ese es el foco del proyecto y nuestro objetivo”.
PANEL DE DISCUSIÓN
El seminario incluyó un panel de expertos, entre ellos el académico de la Facultad de Derecho de la PUCV, Jorge Bermúdez, quien señaló que uno de los principales retos de la norma será instalar la nueva institucionalidad para la tramitación de los permisos. También mencionó como desafíos la dictación de los reglamentos respectivos y la implementación de la plataforma digital. “Existe también un desafío cultural porque evidentemente será una nueva forma en que la administración del Estado tendrá que interactuar con los ciudadanos y con los particulares que soliciten permisos”, resaltó.
Desde una perspectiva ambiental, Marcelo Mena, académico de la PUCV e investigador del Centro de Acción Climática, valoró el propósito del proyecto. “Lo importante es poder contar con esta reforma de la ley de permisos sectoriales que tiene por fin agilizar los trámites para no entrar en duplicidades y hacerlos de manera más eficiente”, precisó.
En tanto, Rocío Parra, académica e investigadora del mismo centro, destacó el carácter estructural de la propuesta: se trata de una ley marco que, según explicó, busca establecer una serie de reglas vinculadas al ámbito del derecho administrativo. “En ese sentido las expectativas que uno podría analizar desde una mirada más académica tienen que ver con las importantes oportunidades y desafíos vinculados a la implementación”, recalcó.
Finalmente, Simón Bruna, director de la División de Medio Ambiente de AIDIS Chile, subrayó que la futura norma establecerá un criterio orientado a la mejora continua. “Las voluntades tienen que encontrarse para poder apuntar a tener un sistema de permiso ágil en beneficio de todos”, concluyó.
Fuente: PUCV