El cientista político de la Universidad de Santiago, Bernardo Navarrete, explica que los costos del caso que afecta al actual Gobierno serán mayores porque, a su juicio, el episodio de la administración Piñera se percibe como algo más técnico y sectorial. “La última reserva de confianza institucional que nos quedaba era en nuestra elección. Al final del día, este último bastión termina muy debilitado y generando una crisis de confianza hacia algo que es central”, sostiene.
Este martes, el Gobierno decidió retirar del Congreso el proyecto de Ley Exprés que buscaba solucionar, a días de la Elección Municipal, los problemas detectados en el padrón electoral, al reconocerse cambios inconsultos de domicilio electoral a más de 460 mil ciudadanos.
Para el cientista político de la Universidad de Santiago, Bernardo Navarrete, “desde el punto de vista del impacto político, lo de Servel va a superar con mucho a lo que ocurrió en el Censo”, en alusión al fracaso del estudio de 2012 realizado durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.
El especialista indica que aunque no son casos “técnicamente equiparables”, el error del INE se atribuye a una situación más sectorial y específica, mientras que lo del padrón electoral ataca uno de los últimos bastiones en los que la ciudadanía depositaba su confianza.
“Si uno mira el contexto Latinoamericano, la última reserva de confianza institucional que nos quedaba era en nuestra elección”, afirma, a raíz de los diferentes casos que han impactado la clase política en el último tiempo. “Al final del día, este último bastión que nos quedaba, institucionalmente hablando, termina muy debilitado y generando una crisis de confianza hacia algo que es central”, agrega.
“Desde el punto de vista del impacto público, esto puede tener incluso más trascendencia no solamente en Chile, sino en América Latina, como algo que escala desde el punto de vista político”, complementa.
Respecto a este punto, concluye que es imperativo “tener hoy las responsabilidades políticas y administrativas. Esto no es aceptable. Se llevó la desconfianza al padrón y al sistema de representación ciudadana”.
La ley exprés “nació muerta”
Navarrete sostiene que uno de los principales errores del Ejecutivo fue intentar solucionar un problema administrativo por la vía legislativa, presentando un proyecto inviable.
“El Gobierno podría haberse ahorrado el bochorno de retirar un proyecto de ley de suma urgencia que, en la práctica, no iba a resolver el problema de fondo, que era buscar una solución por la vía de duplicar el padrón en cada mesa, lo que era inviable y poco práctico. Si el jueves se hubiese aprobado la iniciativa, recién ahí podría haberse hecho la impresión física del padrón y distribuirlo en 345 comunas, miles de locales de votación y no pocas mesas. Era un esfuerzo imposible de implementar”, señala.
“Esta incapacidad de dos instituciones, el Servel y el Registro Civil, de ponerse de acuerdo, y procesar y articular escenarios futuros se le termina endosando al Ejecutivo, en términos que genera un proyecto de ley que, a pesar de ser un intento razonable de buscar una solución por la vía del fast track, técnicamente nace muerto”, agrega.
En síntesis, “lo clave es que la salida legislativa fue un paso en falso del Gobierno que generará más problemas y más deslegitimación de la necesaria, y ayuda a aumentar más la crisis de legitimidad del último referente que quedaba de confianza”, en alusión a las elecciones.
Responsabilidades políticas y administrativas
El académico de la Facultad de Humanidades del plantel estatal señala que lo importante el día lunes posterior a la elección será fijar quiénes renunciarán y en quienes recaerá la responsabilidad política por este hecho.
“La responsabilidad política apunta a aquellas personas designadas por atribución exclusiva de la Presidenta de la República. En este caso, la ministra de Justicia y el director del Servicio del Registro Civil. En el caso del Servel, por ser un organismo autónomo, su designación pasó por consulta en el Senado y el Ejecutivo no tiene capacidad de destitución, por lo tanto ahí solo pueden aplicarse normas internas, en el cual el Gobierno no tiene atribuciones”, explica.
El especialista reconoce que, aunque asumió hace unos meses, el ministro Mario Fernández también será apuntado por este tema. “No es neutra la figura del ministro del Interior respecto a esa interlocución con el Servicio Electoral. Sobre todo entendiendo que lo que pase el día de la elección es una preocupación política y de seguridad”, afirma.
Por último, el especialista advierte que los comicios municipales, producto de esta polémica, pueden terminar instrumentalizándose. “Esta elección puede transformarse en una elección de segundo orden. Es decir, elecciones locales donde los ciudadanos pueden usar su voto no para apoyar a un alcalde o una coalición, sino que para expresarse contra el Gobierno”, concluye.
Fuente: Departamento de Comunicaciones Universidad de Santiago de Chile.