El especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, afirma que la ley chilena solo faculta a Carabineros y la PDI para el uso de la fuerza en materia de delincuencia. Por eso, califica la propuesta del edil Joaquín Lavín como “efectista”, duda de sus resultados e indica que uno de los peligros de que se replique en otras comunas es que se malgaste el presupuesto municipal solo para “ganarse el aplauso fácil de personas angustiadas por problemas de seguridad ciudadana”.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, propuso proveer a guardias municipales de “elementos de autodefensa” como “electroshock o gas pimienta”, para así “ir corriendo la frontera de lo que puedan hacer nuestros inspectores y guardias municipales”, sostuvo el edil.
Al respecto, el especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, sostuvo que la propuesta “es una medida muy polémica que contraviene el orden institucional chileno”.
El académico explica que “La Constitución y la ley chilena establecen y definen que solo dos instituciones en el país tienen el monopolio del uso de la fuerza para la seguridad interna: Carabineros y la Policía de Investigaciones”.
Esto, ya que el Estado de Derecho debe “garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos. La fuerza debe ejercerse por profesionales que están preparados para eso y no por guardias municipales que no cuentan con esa preparación”.
“Él está transgrediendo las normas constitucionales y legales del país para ir más allá y correr el cerco que establece nuestra institucionalidad”, insiste.
El especialista concuerda con la opinión del Intendente Metropolitano Claudio Orrego, quien calificó la propuesta como “irresponsable”, ya que, a su juicio, estos dispositivos “van más allá de lo que son los elementos de defensa. Son elementos suficientemente peligrosos que pueden atentar contra la seguridad de las personas. El uso de esos implementos debe ser usado exclusivamente por Carabineros y la PDI”.
“No está midiendo ni ponderando el peligro que puede significar esto”, sostiene, indicando que la aplicación del electroshock puede terminar provocando “secuelas importantes a una persona”.
“Es irresponsable y populista”, continúa Araya. “Joaquín Lavín tiene un historial de lo que ha sido su trayectoria pública. Cuando fue alcalde de Las Condes o de Santiago, jugó mucho con este tipo de propuestas efectistas que le permiten hacer noticia, pero de las cuales después no se hace cargo”.
“En términos de seguridad, propuso el botón de pánico o torres de vigilancia, por ejemplo, y siempre ha estado proponiendo ideas que llaman la atención, pero no se hace cargo del efecto real de estas medidas o propuestas”.
El experto indica que hay dos peligros asociados a esta situación. El primero, “que esto pueda ser replicado en otras comunas”. Lo segundo, “que se gaste el presupuesto municipal en dispositivos y en implementar una serie de cosas que solo pretenden ganarse el aplauso fácil de un cierto público angustiado por los problemas de seguridad ciudadana”, subraya.
“En este caso, Lavín transgrede lo que son sus facultades, que son de prevención, no de reacción o persecución del delito”, sostiene. “Independiente de si la persona es o no culpable, ni el alcalde Lavín ni los guardias municipales están facultados para ser juez y verdugo, y estar aplicando castigos en esta proporción”.
Para el especialista, lo que los municipios deben hacer para enfrentar de manera más efectiva la delincuencia es fomentar la capacitación “y mejorar los mecanismos de comunicación entre los ciudadanos, el municipio y las policías”, concluye.
Fuente: Prensa USACH.