- Ramiro Mendoza, excontralor general de la República, y actual presidente del Colegio de Abogados, abordó en Punto de Encuentro de BioBio TV la polémica por los decretos que otorgaron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El abogado puso el foco en la responsabilidad del Presidente por mantener al ministro de Justicia y cuestionó la ponderación detrás de las decisiones. Por su parte, el académico de la Universidad del Alba, Álvaro Fuentealba, sostuvo que Rabat actuó como un técnico del Derecho, sin dimensionar las consecuencias políticas de sus decisiones.
Noviembre, 2026.- La controversia por los decretos que otorgaron rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores abrió un nuevo flanco para el Gobierno. Más allá de la discusión sobre la legalidad de las resoluciones, el debate ahora apunta al criterio con que se adoptaron estas decisiones y a las responsabilidades políticas que enfrenta el Ejecutivo.
En conversación con el programa Punto de Encuentro de BioBio TV, el presidente del Colegio de Abogados y excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, planteó que existe una responsabilidad política directa del Presidente por su decisión de mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el cargo.
“Desde el punto de vista del Gobierno, yo creo que hay una capa de responsabilidad política que tiene que ver con la confianza exclusiva del presidente de la República y con la decisión de él de mantener al ministro Rabat”, señaló.
Mendoza distinguió esa responsabilidad presidencial de una segunda dimensión, que corresponde al control político que puede ejercer el Congreso mediante una acusación constitucional. A su juicio, el escenario plantea una disyuntiva compleja para el Ejecutivo.
El abogado también puso en cuestión la ponderación que se hizo al momento de adoptar las decisiones que desataron la polémica, especialmente considerando la naturaleza de los delitos involucrados.
“Yo no sé si haya habido error de criterio, hubo un error de ponderación, que no es lo mismo que el criterio, porque en realidad la ponderación tiene que ver con que es inaudito y sorprendente que se libere a personas que han cometido delitos con la sexualidad de los menores. Y eso es lo que a uno le repulsa”, sostuvo.
En esa línea, Mendoza apuntó a un posible problema en el funcionamiento de los equipos que asesoraron al ministro, aunque evitó pronunciarse sobre si debe abandonar el cargo.
“Entonces yo creo que ahí los equipos no funcionaron, la ponderación que hizo el ministro, confiando en su equipo, quizás no fue la correcta. Y si debe irse o no debe irse, yo creo que es una decisión que le corresponde al presidente de la República”, afirmó.
Fuentealba: “Un ministro de Estado es un político”
Una mirada complementaria planteó Álvaro Fuentealba, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba, quien centró su análisis en la diferencia entre el razonamiento jurídico y la responsabilidad política que implica ejercer un cargo ministerial.
El académico sostuvo que Rabat pudo haber realizado un análisis jurídicamente correcto, pero que no habría considerado las consecuencias políticas e institucionales de sus decisiones.
“Yo creo que el colega Rabat, que es un excelente abogado, razonó estrictamente como un abogado, es decir, como un técnico en aplicar un criterio de subsunción entre la Constitución, la ley y el caso. Y eso lo hizo impecable, pero no miró qué es lo que se pide para un ministro de Estado. No necesitamos expertos en ninguna área, es deseable que dentro de su materia sepan bastante, sí, pero un ministro de Estado es un político que tiene visión política y tiene que evitarle al presidente de la República un problema, y eso es lo que yo no alcanzo a entender aquí”.
Fuentealba también hizo una distinción entre las eventuales responsabilidades políticas y la existencia de una infracción legal. Desde su perspectiva, no habría antecedentes jurídicos evidentes para sostener que las autoridades involucradas actuaron ilegalmente o vulneraron la Constitución.
“Desde el punto de vista estrictamente jurídico-legal, a mi juicio, en mi modesta opinión, no hay una infracción legislativa evidente, que uno pudiese decir el ministro de justicia, el subsecretario actuando como ministro subrogante, los dos subsecretarios actuaron ilegalmente o violaron la constitución”, planteó.
Sin embargo, advirtió que una eventual acusación constitucional estará inevitablemente condicionada por el escenario político y no será exclusivamente una discusión jurídica.
“Sería ingenuo pensar que la acusación constitucional es un juicio absolutamente jurídico, la Cámara de Diputados acusa y luego el Senado resuelve como jurado, y ahí naturalmente es la fase agonal de la política la que se toma la agenda”, concluyó.
Fuente: We Comunicaciones