- Al inicio de la discusión en la Convención, Greenpeace envió un mensaje a los 79 constituyentes que comprometieron su adhesión a la campaña Suelta el Agua, para consagrar el agua como un derecho en el texto final.
- A la fecha, 188 comunas (54,3%) del país, se encuentran bajo decreto de escasez hídrica, lo que afecta al 47,5% del total de la población.
Este 10 de abril la Comisión de Medio Ambiente terminará la redacción de la norma respecto del agua que luego será sometida a votación del pleno la próxima semana. Esto, luego de la reciente promulgación de la Reforma al Código de Aguas, tramitada por más de diez años en el Congreso.
Al respecto, Greenpeace lo catalogó como el debate más importante para el futuro del país en materia hídrica. “Chile puede dejar de ser el único país del mundo que garantiza el derecho privado al agua a escala constitucional, en vez de estar garantizada como derecho fundamental para las personas y la naturaleza. Estos días se define si el modelo actual de gestión del agua se perpetúa o avanzamos a cambios concretos que pongan en el centro el bien común”, indicó Estefanía González, coordinadora de Campañas de Greenpeace.
Desde la ONG enfatizaron que el gran desafío de los próximos días es enfocar la discusión en priorizar el agua para el consumo humano y la protección de las funciones ecosistémicas, y recordaron a los 79 convencionales constituyentes que firmaron en la campaña Suelta el Agua, impulsada por Greenpeace, y se comprometieron a incluirlo en el texto final.
“Solicitamos de manera urgente a toda la Convención escuchar a la ciudadanía, al 97% de personas que señaló a través de la encuesta “Chile Gota a Gota”, que el derecho humano al agua debe ser parte de la Nueva Constitución, y a aprobar un texto que proteja el agua y no permita nunca más que la avaricia de un particular, ponga en riesgo el futuro de un país completo”, indican desde Greenpeace.
“Es necesario avanzar hacia un modelo de gestión de agua donde esta deje de ser un derecho de aprovechamiento privado, y se puedan entregar autorizaciones de uso de agua que permitan el desarrollo de distintas actividades, pero que al mismo tiempo, permita tomar medidas inmediatas en caso que las fuentes de agua se vean afectadas poniendo en riesgo el consumo humano y el equilibrio ecosistémico”, afirmó González.
Fuente: Greenpeace