Ante el estancamiento en la reducción de la mortalidad materna en Chile y el aumento observado tras la pandemia, académicas y académicos de la U. de Chile publicaron un policy brief de libre descarga con recomendaciones para modernizar los registros, incorporar una mirada interseccional y fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir muertes evitables.
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Chile presenta una de las razones de mortalidad materna (MM) más bajas de la región, tras aplicar, desde la década de los sesenta, políticas públicas específicas en la materia. Entre ellas se incluye un sistema de registro y vigilancia. A pesar de ello, expertos y expertas de la Universidad de Chile han detectado que la tendencia de reducción se ha estancado.
La razón de mortalidad materna en 2020 en Chile se estimó en 15,0 por cada 100.000 nacidos vivos. De estas muertes, aproximadamente el 30% son indirectas, vinculadas a enfermedades crónicas y condiciones sociales adversas; mientras que cerca del 70% ocurren después de los 42 días posparto, predominando las complicaciones cardiovasculares.
Esto es parte de lo abordado, analizado e integrado en propuestas en el policy brief “Recomendaciones para la vigilancia interseccional de la mortalidad materna en Chile”, documento público, de libre uso y circulación gratuita que ha publicado el plantel, gracias al trabajo de su Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y su Unidad de Transdisciplina, Redes e Interfaz.
La razón de publicar este material, destinado a tomadores de decisiones y al público general, responde al escenario nacional y a su prioridad ética y sanitaria global, incluida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3. Así lo explica la académica de la Facultad de Medicina y autora del documento, Jovita Ortiz: “Aunque Chile mantiene una razón de mortalidad materna más baja que la de muchos países de América Latina y el Caribe, eso no significa que el problema esté resuelto. De hecho, uno de los elementos que motivó este trabajo es precisamente que la reducción de la mortalidad materna en Chile se ha estancado, e incluso observamos un aumento después de la pandemia. Por lo tanto, no podemos conformarnos con una lectura comparativa favorable ni con mirar solo el indicador agregado”.
Los principales desafíos
El equipo interdisciplinario de trabajo detrás de este documento está integrado por Jovita Ortiz Contreras, directora del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido; Rodrigo Neira Contreras, Jael Quiroz Carreño y Maribel Mella Guzmán, profesores del mismo departamento; Paulina Troncoso, académica del Departamento de Anatomía Normal y Medicina Legal; y Nicolás Arancibia López, integrante de la Dirección Académica, todos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Junto a ellos participaron Angélica Avendaño Veloso, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, y Andrea Avaria Saavedra, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile.
El académico de la Facultad de Medicina y autor del documento, Rodrigo Neira, explica que para la realización del material “se analizó el modelo vigente de vigilancia -basado en la Norma Técnica N.º 100 del Ministerio de Salud- y se contrastó con la evidencia internacional y las experiencias de países como Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia y Brasil. A partir de ese análisis, se identificaron tres limitaciones estructurales: la fragmentación de la información entre instituciones, un enfoque analítico exclusivamente biomédico que no pregunta el ‘por qué’ de las muertes y la falta de herramientas tecnológicas modernas para gestionar y analizar datos”.
Las propuestas
Parte de lo propuesto por el equipo de trabajo es la aplicación de la perspectiva interseccional, que considere que cualquier política pública aplicada en la materia incorpore variables como género, clase, etnia, migración, edad y territorio. Como explica Jovita Ortiz, “una perspectiva interseccional permite comprender precisamente cómo esas desigualdades no operan por separado, sino combinadas, generando trayectorias de mayor vulnerabilidad para algunas mujeres. Desde esa mirada, la mortalidad materna deja de entenderse solo como un desenlace clínico y empieza a verse también como la expresión de desigualdades acumuladas y de respuestas institucionales que no siempre logran ser oportunas, pertinentes o suficientes”.
Otro aspecto corresponde a, como señala el mismo documento, “desarrollar capacidades institucionales y mecanismos de rendición de cuentas”, a partir de la formación de recursos humanos.
Con ello, Rodrigo Neira plantea que “se lograría un sistema de información interoperable y en tiempo real, comités de mortalidad con mayor capacidad de análisis y autonomía, informes públicos que fortalezcan la transparencia y la confianza ciudadana, y una vigilancia que funcione como herramienta de aprendizaje institucional continuo”.
Este punto, además, se corresponde con los compromisos asumidos por el país en la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios 2021-2030 y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2022-2030 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
En definitiva, plantea el documento, “el desafío en Chile no es solo reducir un indicador, sino garantizar que ninguna muerte materna sea considerada potencialmente inevitable. Modernizar los marcos normativos y fortalecer el análisis con enfoque interseccional permitirá convertir los registros en conocimiento útil para decisiones informadas, transparentes y equitativas, coherentes con el propósito ético de cero muertes maternas evitables”.
Este material se encuentra disponible para su libre descarga en el portal de Libros Electrónicos de la U. de Chile, en este enlace.
Fuente: U. de Chile.