| El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de un análisis masivo de solicitudes de acceso a información dirigidas a través del Portal de Transparencia del Estado a los órganos de la Administración del Estado entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025. Se detectaron más de 10.800 solicitudes con algún tipo de infracción en su tramitación, situación que afecta directamente el derecho de las personas a recibir información pública oportunamente.En total, se revisaron 103.572 solicitudes ingresadas por personas de todo el país. De ellas, el CPLT identificó tres tipos de incumplimientos a la Ley de Transparencia: – 5.370 solicitudes fueron respondidas fuera del plazo legal, en 402 instituciones. – 2.300 solicitudes fueron prorrogadas de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo que establece la ley, por parte de 333 organismos. – 3.177 solicitudes no registran respuesta pese a que el plazo legal ya había vencido, lo que se verificó en 211 instituciones.Respecto a las solicitudes que no registran respuesta, los casos más críticos se dieron en municipios. Específicamente, las municipalidades de Lonquimay, Alto Biobío y Putre, que registraron más de 55 solicitudes sin respuesta cada una, lo que representa tasas superiores al 85% de no respuesta respecto del universo total de solicitudes recibidas por cada municipalidad. A nivel de la Administración Central, destacan los casos del Hospital de Lota y el Hospital Regional de Talca con 19 y 52 solicitudes sin respuesta, respectivamente, lo que representa tasas superiores al 40% de no respuesta respecto del universo total de solicitudes recibidas por cada hospital. También es relevante la situación del Servicio Nacional de Migraciones, que, si bien presenta una tasa del 17,7% de no respuesta, es la institución que nominalmente registra la mayor cantidad de solicitudes sin respuesta, con un total de 1160.La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “cuando un órgano público no responde a tiempo o derechamente no responde, no solo incumple la Ley de Transparencia, sino que deja a una persona esperando una información que puede ser clave para su vida diaria, o a un académico para un análisis que aporte al mejoramiento de una política pública o a la prensa en investigaciones asociadas a casos de corrupción. Necesitamos que todas las instituciones del Estado entiendan que la transparencia no es un mero trámite, es un derecho de las personas”.El CPLT explicó que la fiscalización se realizó mediante herramientas automatizadas que permiten detectar, en tiempo real, infracciones como atrasos en respuestas a solicitudes de información, prórrogas notificadas extemporáneamente o simplemente la ausencia total de respuesta, con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema y reforzar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. ¿Qué exige la ley a los órganos públicos que reciben una solicitud de información? La Ley de Transparencia obliga a todos los órganos de la Administración del Estado a responder las solicitudes de acceso a información pública dentro de 20 días hábiles, prorrogables excepcionalmente por otros 10 en casos calificados. Es importante destacar que cuando un organismo no responde, responde fuera de plazo o prorroga extemporáneamente su plazo de respuesta, está infringiendo la ley, y el CPLT puede:- Oficiar al servicio, solicitando medidas inmediatas de ajuste de procedimientos. – Conocer de amparos que inicien los solicitantes de la información y ordenar su entrega en caso de estimar que es pública. – Iniciar procedimientos sancionatorios, que pueden culminar con multas al jefe del servicio infractor. – Abrir nuevos procesos de fiscalización para revisar la evolución de su funcionamiento. |
| Equipo de Comunicaciones / Consejo para la Transparencia / Noviembre 2025 |