La provincia de Ontario (Canadá) reemplazó su monopolio por licencias abiertas en 2022, logrando un mercado competitivo y exitoso. Chile debería seguir este ejemplo; al no regular, está desaprovechando la coyuntura para aumentar la recaudación fiscal y proteger al consumidor.
La regulación de apuestas en línea en Chile entra en etapa definitiva. El país busca modernizar su marco legal bajo el informe global IBIA (2024), clave para definir el camino hacia dos objetivos centrales: recaudación fiscal y protección del consumidor.
Uno de los hallazgos más potentes del estudio es la comparativa dentro de Canadá, un caso que sirve de laboratorio para Chile. En 2022, la provincia de Ontario rompió con el modelo de monopolio e instauró un sistema de licencias abiertas y competitivas para el mercado online. Cabe destacar que el informe global IBIA (International Betting Integrity Association) es un documento de referencia técnica utilizado por gobiernos, reguladores y operadores en todo el mundo para diseñar políticas de juego eficientes.
Los resultados son drásticos y revelan una brecha de eficiencia enorme. En Ontario, gracias a su modelo de apertura, se espera que la canalización (el porcentaje de usuarios que eligen el mercado legal) alcance un 92%, logrando capturar 505 millones de dólares en ingresos brutos (GGR) dentro del marco regulado, dejando apenas 41,7 millones en el sector informal.
En contraste, el resto de Canadá, que mantiene modelos restrictivos o de monopolio, presenta un escenario desolador: se proyecta que la canalización hacia el mercado formal será de apenas un 11%. Esto significa que, mientras el mercado legal solo capta 45,5 millones de dólares, una masa crítica de 355 millones de dólares se fuga hacia operadores que no tributan en el país.
El informe advierte que prohibir ciertos mercados de apuestas o imponer trabas excesivas a la oferta de productos es “contraproducente”. Para Chile, esto sugiere que la tasa impositiva (que se estima razonable en un 12% del GGR) y la variedad de productos permitidos deben ser lo suficientemente atractivas para que el operador quiera establecerse legalmente y el usuario no busque alternativas externas.
Como señala textualmente la IBIA, restringir la disponibilidad de los mercados de apuestas daña directamente la capacidad del Estado para supervisar la actividad y, fundamentalmente, mermar los retornos impositivos y la protección de la integridad deportiva.
Por qué el Senado debe actuar ahora
Chile no está solo en esta “ola regulatoria”. Desde Estados Unidos hasta Brasil, la tendencia es abrir los mercados a la competencia internacional para sacar a la actividad fuera del perímetro regulatorio. Un modelo de licencias modernas permitiría al país obtener fiscalización directa y una recaudación real que hoy simplemente se pierde.
La evidencia basada en datos demuestra que el prohibicionismo o los modelos rígidos han fracasado en la era digital. Para que Chile logre una canalización exitosa y eficiente, el Senado tiene la oportunidad de aprender de la experiencia de Ontario y transitar hacia un mercado competitivo. Solo un marco legal robusto y abierto permitirá que el valor generado por esta industria se traduzca en beneficios para el país y seguridad para sus ciudadanos.
Fuente: Prensa Vía Central