La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico, tanto universitario como profesional, no es una novedad ni se limita al contexto nacional. Recientemente, un caso en Chile en puso en evidencia algunos desafíos. Un abogado, haciendo uso de IA, presentó en un tribunal jurisprudencia falsa que respaldaba su postura. La situación fue detectada por la contraparte, quien solicitó sanciones disciplinarias al considerar que aquella conducta infringía el principio de buena fe procesal. Si bien el tribunal resolvió no aplicar medidas disciplinarias, este incidente subraya la necesidad de reflexionar sobre el uso ético y responsable de la tecnología en la profesión.
En este contexto, como docentes, consideramos fundamental no demonizar la IA sino que, fomentar un manejo adecuado de ésta, tanto académica como profesionalmente. Esto implica reforzar la formación en el uso de bases de datos oficiales, subrayando la importancia de la diligencia en la verificación de la información obtenida de fuentes no oficiales, pues la irrupción de la tecnología ha amplificado la disponibilidad de datos, pero también ha relegado la práctica de verificar rigurosamente su origen. En el derecho, donde las fuentes formales y materiales son la base de cualquier argumento, esta es una deficiencia crítica, pues el uso correcto de las fuentes es esencial.
No obstante la falta de regulación local, el Reglamento 2024/1689 del Parlamento europeo menciona como IA de alto riesgo algunos usos relacionados con la administración de justicia, especialmente en materia penal. Este enfoque es seguido por el proyecto de ley chileno, específicamente en su artículo 4°.
Considerando estos deberes éticos, y el futuro marco legal que se espera sea pronto una realidad en nuestro país, se torna pertinente un llamado a la responsabilidad y lealtad en el uso de la IA, pues tomando las palabras de Couture, el juez, “alguna que otra vez, debe confiar en lo que tú le invocas”.
Fuente: Wearesimplicity.