La Bancada gremialista aseguró que “no es parece razonable que le impongan sanciones económicas a aquellas instituciones que decidan no hacer abortos. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que la objeción de conciencia, tanto personal como institucional, es un derecho”.
Los Diputados UDI Javier Macaya, Guillermo Ramírez y Jaime Bellolio, defendieron la opción del gremialismo de concurrir al Tribunal Constitucional para defender la objeción de conciencia.
El jefe de Bancada Javier Macaya señaló que “hemos sostenido diversas conversaciones con las bancadas de Chilevamos para unificar criterios sobre un tema que creo se debe impulsar con mucha fuerza como es la defensa de la libertad en materia de objeción de conciencia”.
“Creemos que hay que ser super cautos al decir que el decreto del Presidente al respecto no ha sido tomado razón, y vamos a seguir avanzando con nuestros socios; pero nos parece importante seguir reforzando un concepto que hemos venido señalando desde hace varias semanas y donde creemos que la Contraloría se equivocó”, dijo.
Sobre lo anterior, Javier Macaya explicó que “la Contraloría no puede creer que por el solo hecho de que el Estado esté financiando ciertas prestaciones a entidades de salud que son objetoras de conciencia, puede de alguna u otra manera comprar la conciencia; o sea no puede ser el concepto de quien pone la plata pone la música; quien pone la plata compra la conciencia de este objetor”.
A su turno, el diputado Guillermo Ramírez dijo que “el ministro Santelices fue interpelado en esta Cámara y él aquí defendió un punto central que es que al no respetarse la objeción de conciencia y al quitársele los fondos a estos centros que atienden a mujeres en el ámbito de la ginecología y la obstetricia van a dejar de atenderse a miles de mujeres, partos y otras prestaciones por no respetarse el derecho a la objeción de conciencia. Nosotros queremos defender ese punto y por eso la UDI ha tomado la decisión unánime de ir al Tribunal Constitucional contra este criterio del contralor Bermúdez que nos parece que atenta contra miles de mujeres que no van a poder atenderse en los Centro de Salud si es que no se respeta la objeción de conciencia institucional”.
También el diputado Jaime Bellolio precisó que “no me parece razonable que le impongan sanciones económicas a aquellas instituciones que decidan no hacer abortos. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que la objeción de conciencia, tanto personal como institucional, es un derecho y por tanto no puede haber una sanción económica a quien ejerza ese derecho y mienten quienes dicen que aquí se estaría menospreciando a las mujeres o no se estaría dando cumplimiento a la Ley poniendo en riesgo la aplicación de la normativa en tres causales”.
“Lo único central acá es preguntarnos si queremos castigar a los recintos de la Universidad Católica en Puente Alto y La Pintana, al Parroquial de San Bernardo y al de Panguipulli, me parece que la respuesta es que no es justo que así sea”, afirmó el diputado Bellolio.
Fuente: Prensa Diputados UDI.