Además se establece como delito el ingreso clandestino y por cualquier vía, de instrumentos electrónicos de comunicación a recintos penitenciarios, lo que será agravado si además el que lo hace es un abogado que concurre a visitar a su defendido, un funcionario de Gendarmería de Chile o un funcionario público.
Un grupo de diputados DC, PS y PR, encabezados por la parlamentaria Joanna Pérez ingresó hoy miércoles un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de instalar en las cárceles sistemas para inhibir el funcionamiento de teléfonos celulares y similares, con el fin de terminar con las estafas y bandas criminales que operan desde esos recintos.
El proyecto fue ingresado, además de la diputada Pérez, por los diputados DC Alberto Undurraga, Eric Aedo, Ricardo CIfuentes, Felipe Camaño, Héctor BArría, MIguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio y los parlamentarios PS Raúl Leiva y el PR Cosme Mellado.
La diputada Pérez explica que “hoy no existe una norma legal que obligue a la autoridad a instalar sistemas tecnológicos para bloquear la señal de telefonía celular en los recintos penitenciarios, por lo que hoy en las cárceles existe un ingreso clandestino de ellos y se usen indiscriminadamente por parte de los internos”.
“Lamentablemente, esto trae como consecuencia que muchas de las estafas telefónicas que se realizan en la actualidad, son hechas por reos desde las cárceles y hay un gran número de bandas criminales operando en las calles que son organizadas y dirigidas por los jefes criminales que están cumpliendo su condena”.
“Por eso, este proyecto establece la obligatoriedad de instalar sistemas tecnológicos en las cárceles para inhibir la seña celular, para impedir que se utilicen teléfonos computadores, tablets y similares por parte de los internos, para terminar con la realización de delitos desde esos recintos”.
La diputada Pérez agregó que “además se establece un tipo penal para el que ingresare o facilitare el ingreso de manera clandestina y por cualquier vía, de instrumentos electrónicos de comunicación a recintos penitenciarios o centros de reinserción social juvenil cerrados, el que será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”.
“Además, si el autor del hecho fuera un abogado, funcionario de Gendarmería de Chile o funcionario público, será sancionado con presidio menor en su grado máximo y suspensión de cargo u oficio en su grado máximo”.
“Esperamos contar con apoyo transversal para este proyecto, ya que la delincuencia hay que combatirla desde todos los ámbitos y debemos terminar con la actual comisión de delitos que se realiza desde las cárceles”.
Fuente: Prensa Bancada DC