Si bien no es correcto, ni mucho menos atinado, decir que la salud pública en Chile está en estado terminal, tampoco es acertado minimizar los graves problemas que afectan al sector del que dependen millones de personas, las de más malas condiciones económicas y sociales y que por ende, dependen en lo absoluto de la capacidad del sistema para resolver sus demandas de salud. Lo correcto es hacerse cargo que la salud pública vive una de sus peores crisis en las últimas décadas y las consecuencias las sufre la gente, gente que tiene claridad plena respecto de la compleja situación que afecta a hospitales y consultorios, hecho que queda sistemáticamente reflejado en cuanta encuesta de opinión pública se aplique en el país. Desgraciadamente, de esto no se hace cargo el Gobierno y las consecuencias están a la vista.
En hechos ya no novedosos tales como colapso de servicios de urgencia hospitalarios a los que concurre gente que debe esperar horas por una atención o que una vez atendidos son hospitalizados en pasillos y en asientos de salas de espera o peor aún, en pacientes que fallecen a la espera de una atención de urgencia o en lista de espera por una atención de especialidad, se demuestra con crudeza la incapacidad del sistema para hacerse cargo de la tarea encomendada.
No hay lugar a dudas respecto de que el origen del problema se vincula a la falta crónica de recursos para la salud, recursos que no son aportados en cantidad suficiente no por que no existan, sino que por decisiones estrictamente políticas en tanto en cuanto la definición de recursos para uno u otro sector en el ámbito público es una definición esencialmente política vinculada a las prioridades de cada gobierno en particular. Para desgracia de la gente, salud pública brutalmente desfinanciada en tiempos de la dictadura, a ya más de 20 años de retorno a la democracia, continua siendo mantenida en insuficiencia de recursos, condición agravada por la obligación de destinas cientos de miles de millones a compras a privados en el contexto AUGE.
Si lo anterior es dramático, reviste características del todo insostenibles que, además de la carencia de recursos, se incurra en deficiencias tan complejas como pérdidas de vacunas, compra de alimentación láctea contraria la política de lactancia materna exclusiva o peor aún de preservativos de mala calidad que son entregados a beneficiarios. Este último hecho reviste gravedad por cuanto la entrega de un condón que puede romperse durante su uso pone en riesgo la salud y la vida de la pareja ya que, además de no proteger del riesgo de embarazo no deseado, somete a las personas al riesgo de enfermedades venéreas.
Los hechos señalados evidencian de la urgencia por hacerse cargo del grave problema de la salud pública, problema que exige un viraje radical en la postura del Gobierno hacia el sector poniendo este tema de la gente, en número uno de las preocupaciones de las autoridades, Presidenta de la República en primer lugar y en lo que al tema de los preservativos dice relación, la gravedad de los hechos amerita sanciones administrativas y políticas de quienes tuvieron responsabilidad sin caer por cierto en la lógica de que las consecuencias las asuman funcionarios de menor jerarquía.
Fuente: Prensa CONFUSAM.