- Ante la posible aprobación en el Senado de la indicación que permitiría el uso de detectores de metales en establecimientos educacionales, la Defensoría de la Niñez insiste en que la medida no soluciona las causas profundas de la violencia escolar, es principalmente una persecutoria, carece de sustento en evidencia, y desoye las observaciones técnicas enviadas por la institución al Congreso sobre incorporar medidas preventivas para prevenir la violencia.
- También hicieron un llamado al Senado a considerar el enfoque de derechos en la votación de este miércoles.
Santiago, 14 de octubre de 2025.- Este miércoles, la Comisión de Educación del Senado retomará la tramitación del Proyecto de Ley de Convivencia Escolar. En esta sesión, se espera la votación de la indicación N°62, presentada por el Ejecutivo, que permitiría a los establecimientos educacionales la adquisición de detectores de metales y otros recursos para identificar artefactos que pudieran poner en riesgo la integridad física de la comunidad educativa. La Defensoría de la Niñez alerta sobre esta indicación ya que se trata de una medida reactiva, que no aborda las causas profundas de la violencia escolar ni contempla mecanismos restaurativos o graduales para prevenir situaciones de riesgo. Además, podría afectar el ejercicio de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, como el derecho a la educación, a la participación, a la protección y a su intimidad, sin una evaluación adecuada del principio de interés superior. Adicionalmente, este martes la Sala de la Cámara aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso de tecnologías para prevenir el ingreso de armas en escuelas y centros de salud (Boletín 17424-25), lo que genera una discusión paralela sobre la misma materia, la que podría generar contradicciones normativas.
“El uso de tecnologías como detectores de metales o cámaras de reconocimiento facial en espacios educativos exige una justificación basada en evidencia y con participación efectiva de estudiantes, apoderados y comunidades escolares. Sin ello, se corre el riesgo de criminalizar a los adolescentes y transformar sus escuelas en espacios de vigilancia, más que de aprendizaje”, señaló el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
La institución ha advertido en reiteradas ocasiones que estas medidas pueden contribuir a la estigmatización de estudiantes, afectando su percepción de la escuela como un espacio seguro. También ha cuestionado la falta de evidencia que respalde su eficacia y la ausencia de consultas representativas de las comunidades educativas antes de implementar medidas que afectan su vida cotidiana.
Frente a estos riesgos, la Defensoría de la Niñez ha desplegado diversas acciones. Entre ellas, el envío de recomendaciones técnicas al Senado, alertando sobre indicaciones que podrían vulnerar derechos fundamentales. Asimismo, se han realizado talleres con representantes estudiantiles de liceos emblemáticos quienes han manifestado su preocupación por el impacto de estas medidas en su vida cotidiana y en la percepción de sus escuelas como espacios seguros y sus segundos hogares. Junto con ello, identifican otras medidas más adecuadas para abordar situaciones de violencia tales como aumento de talleres deportivos, fortalecer la figura de los encargados de convivencia escolar y la mejora de los espacios donde se abordan situaciones de convivencia.
En esa línea, el Defensor de la Niñez hace llamado al Senado, como órgano responsable de la determinación final de esta medida, para considerar que “toda disposición que afecte directamente a niños, niñas y adolescentes debe ser evaluada con enfoque de derechos, participación efectiva y proporcionalidad, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que el propio Congreso aprobó hace más de tres años”.
Fuente: Defensoría de la Niñez