Santiago, 12 de septiembre. – La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, valoró positivamente la decisión de la Contraloría General de la República de declarar improcedente la revisión de mochilas a los estudiantes del Instituto Nacional.
La Defensora aseguró que le parece “muy valioso que esta resolución haga explicita indicación de la obligación que tienen los órganos del Estado de respetar de manera irrestricta los derechos humanos los niños, niñas y adolescentes, que están contenidos en instrumento internacional que resulta vinculante para nuestro país desde el año 90, como es la Convención Sobre los Derechos del Niños y, además, que haga un énfasis especifico a lo señalado por nosotros relacionado con que cualquier acción que provenga de un agente estatal debe tener, como consideración primordial, el interés superior de los niños, niñas o adolescentes involucrados, situación que evidentemente la medida impuesta por el Alcalde Alessandri no cumplía”.
Patricia Muñoz destacó el tremendo valor que significa el hecho de que la Contraloría se comprometa con el respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable de la población. Indicó, además, que le “llama profundamente la atención que una institución pública como la Subsecretaria de la Niñez, creada para precisamente proteger y defender los derechos de los niños, al ser requerida con un pronunciamiento por la autoridad contralora, diga que no tiene competencias para emitir opinión, lo que ciertamente no se condice con su mandato constitucional y legal”.
Agregando que “nos preocupa, también, que la Subsecretaría de Educación, al informar su opinión, plantee que la medida sería legal, en circunstancias que ha quedado de manifiesto su ilegalidad y el exceso de atribuciones que ésta involucraba del ejercicio del rol alcaldicio”. Finalizó la Defensora de la Niñez.
El dictamen, que surge en respuesta a la consulta de dos concejales municipales de Santiago, recoge en sus argumentaciones la posición de la Defensoría de la Niñez, en el sentido que “una medida como la adoptada por la Municipalidad de Santiago infringe el interés superior de los NNA, el derecho a la vida privada y las obligaciones contraídas por el Estado de Chile, respecto al respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.
Ante esta resolución del organismo contralor, el municipio cuenta con un plazo de 15 días para “ajustar sus actuaciones” a la legalidad.
Fuente: Defensoría de la Niñez.