Santiago, 19 de febrero de 2026. El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez dio a conocer su Documento de Trabajo N°10, que analiza la duración de los procesos administrativos migratorios que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país. El estudio, elaborado con información proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), examina datos correspondientes al período 2022–2024 para residencias humanitarias, reunificación familiar y residencias definitivas.
El informe evidencia que, si bien las residencias humanitarias han reducido sus tiempos de tramitación en los últimos años, otros procedimientos presentan demoras significativas que pueden superar los dos años de duración.
En el caso de las residencias humanitarias, el promedio entre la solicitud y la resolución alcanzó 126 días (4,2 meses). Entre 2022 y 2024 se registró un aumento relevante de casos —de 9.029 a más de 55 mil— junto con una disminución en los tiempos promedio, que bajaron de 152 a 121 días. El principal período de espera se concentra entre el ingreso de la solicitud y su acogida a trámite, etapa que demora en promedio 87 días. El procedimiento es significativamente más rápido en lactantes de 0 a 1 año y en el tramo de 1 a 4 años. No obstante, persisten diferencias territoriales y por nacionalidad, con mayores demoras en regiones como Los Ríos y Aysén, y en niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana.
Por el contrario, la reunificación familiar muestra un aumento sostenido en los tiempos de tramitación. Entre 2022 y 2024 el promedio pasó de 142 a 353 días, alcanzando un promedio general de 299 días (9,9 meses) en el período analizado, con 18.364 casos identificados. El procedimiento es especialmente prolongado en solicitudes realizadas desde dentro del país, donde puede alcanzar en promedio 17 meses. Al igual que en otros trámites, el principal retraso se produce antes del acogimiento a trámite.
Por su parte, las residencias definitivas presentan los plazos más extensos. Entre 2022 y 2024 el procedimiento tarda en promedio 770 días (25,6 meses). Si bien los tiempos disminuyeron de 819 a 645 días entre 2022 y 2024, la duración continúa siendo elevada. En este caso, la mayor demora se concentra entre el acogimiento a trámite y la resolución final.
La Defensoría de la Niñez advierte que estos tiempos prolongados pueden afectar el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la identidad, al debido proceso
y al acceso oportuno a servicios y protección social. En este contexto, el organismo subraya la necesidad de fortalecer la gestión administrativa, reducir los cuellos de botella identificados e incorporar un enfoque de derechos de la niñez en los procedimientos migratorios.
Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los procedimientos que involucren a niños, niñas y adolescentes deben resolverse en el menor tiempo posible, a fin de evitar afectaciones a su integridad física y emocional.
En esa línea, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “los tiempos de resolución son excesivos y, en muchos casos, vulneran principios básicos de protección y debido proceso. Reducir estas demoras es urgente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sin importar su situación migratoria”.
El Documento de Trabajo N°10 se enmarca en el seguimiento que realiza la institución a los procedimientos administrativos que impactan directamente en la garantía de derechos en contextos de movilidad humana.
Para más detalles puedes ingresar al Documento de Trabajo N°10 en observatorio.defensorianinez.cl
Fuente: Defensoría de la Niñez