Al cumplirse un mes desde que una serie de multitudinarias manifestaciones sociales, iniciadas por un grupo de adolescentes, reclamaron un país más justo para ellos y sus familias; como Defensoría de los Derechos de la Niñez valoramos los esfuerzos que permitieron alcanzar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, lo que significa que, como país, podamos elegir democráticamente las reglas fundamentales de nuestra convivencia, algo inédito en la historia republicana de Chile.
Creemos que a través del dialogo, consenso y participación de todos y todas es posible generar cambios sustantivos a la realidad que muchos chilenos y chilenas viven, en pos de una sociedad más igualitaria e inclusiva. En especial, como Defensoría de la Niñez seguiremos exigiendo, con fuerza y claridad, el respeto irrestricto por parte de todos los órganos y poderes del Estado, a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y no descansaremos hasta encontrar justicia frente a las graves violaciones que hemos denunciado. El Estado de Chile debe poner fin, con extrema urgencia, a las conductas que produjeron estas vulneraciones, especialmente en lo correspondiente a la falta de cumplimiento a los protocolos por parte de la policía uniformada, reconociendo su responsabilidad, garantizando la no repetición de estas conductas y reparar, oportunamente y suficientemente, a las víctimas. La construcción de un nuevo pacto social debe comenzar por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todos quienes vivimos en esta sociedad, particularmente de aquellos más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes.
En el nuevo momento político que iniciamos como país, reiteramos el llamado a los tres poderes del Estado y a los representantes políticos, a que se dispongan de instancias permanentes de participación que permitan atender y recoger la opinión de niños, niñas y adolescentes, estableciendo mecanismos eficientes y efectivos que, en el contexto de las consultas locales, el proceso constituyente y cualquier otro mecanismo que redunde en las definiciones que se adopten sobre nuestra nueva carta fundamental, se integren aquellos ámbitos que les afectan directamente, promoviendo la elaboración de éstos precisamente por, para y con ellas y ellos.
Como Defensoría de la Niñez, seguiremos colaborando, firmemente, con todos los órganos y poderes del Estado, con la sociedad civil, y por cierto con los propios niños, niñas y adolescentes para que ellas y ellos tengan espacios efectivos en la generación de este nuevo país, difundiendo y promoviendo los estándares que, desde el derecho internacional de los derechos humanos, orienten este camino de inclusión de sus voces, los reconozca como sujetos de derecho y, en virtud de ello, como agentes claves de su propio desarrollo.
El derecho de los niños, niñas y adolescentes a la participación y a ser oídos es uno de los compromisos básicos adoptados por el Estado de Chile hace 29 años, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y a dos días de la conmemoración de los 30 años de su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resulta más que nunca necesario que este derecho se haga efectivo. Los cimientos del país que soñamos deben ser construidos por aquellos llamados a habitarlo. El liderazgo de los niños, niñas y adolescentes en este momento histórico reclama un rol protagónico. No podemos, ni debemos, decepcionarles.