Este miércoles 18 de junio se votará en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que modifica la ley N°20.084, sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, el cual busca aumentar las penas y respecto del cual, como Defensoría de la Niñez, hemos entregado nuestras observaciones y recomendaciones durante la tramitación. Sin embargo, esta opinión técnica no ha sido considerada del todo, y el proyecto de ley, ad portas de votarse, continúa careciendo de pertinencia y siendo contrario a la evidencia relativa a mecanismos de prevención del comportamiento delictivo y la protección.
Es por eso que, como Defensoría de la Niñez, debemos insistir en aspectos fundamentales que deben
ser considerados:
- Este proyecto de ley no es pertinente, ya que prescinde de los mecanismos de evaluación de la ley 20.084 contemplados a propósito de la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, establecido mediante la Ley N° 21.527 en 2023 y cuya implementación es progresiva y recién finaliza el próximo año (2026).
- No se abordan los nudos críticos en la materia, como el cumplimiento efectivo de las sanciones y que éstas permitan la reinserción social, aspecto que es clave para abordar esta problemática. En ese sentido, aumentar las penas por los delitos más gravosos, por ejemplo, de 8 a 10 años, no cambiará el escenario actual, sino más bien podría empeorarlo, fortaleciendo las trayectorias de comportamiento delictivo.
- Por otra parte, el proyecto propone medidas que no apuntan a los objetivos que declara buscar, por ejemplo, justicia para las víctimas. Para que exista justicia y no haya lugar impunidad deben existir procesos que sean capaces de identificar a los infractores y aplicar sanciones adecuadas para los mismos.
En el caso de las causas que involucran a adolescentes, la Defensoría de la Niñez ha observado que desde 2016 a 2024 disminuyó de 74% a 51% el porcentaje de términos con salida judicial efectiva, así como una disminución de un 34% a un 15% de las sentencias definitivas condenatorias con respecto al total de términos. En paralelo han aumentado significativamente los archivos provisionales de un 11% a un 27% y los términos por facultad de no investigar de un 6% a un 15%. Todo ello podría indicar una agudización de nudos críticos en el proceso de investigación penal y no en los años de las penas. En este marco, cabe destacar que la modernización del sistema de reinserción social juvenil, actualmente en curso, fortalece el sistema a nivel procesal, la inclusión de la mediación penal juvenil y la especialización de los actores participantes. - Relacionado con lo anterior, cabe destacar el efecto desfavorable de un uso excesivo de la internación provisoria, medida respecto de la cual existe sobrada evidencia que indica no poseer fines de reinserción social. Como se señaló en el Diagnóstico 2025 de nuestro Observatorio de Derechos, tomando marzo de 2022 como referencia, solo un 33% de los adolescentes y jóvenes vigentes en internación provisoria continuaron vigentes con una sanción privativa de libertad en diciembre del mismo 2022. Esto es importante porque vemos una relación entre el uso de la internación provisoria y el reingreso al sistema de justicia: el porcentaje de reingresos de adolescentes y jóvenes con internación provisoria alcanzan el 48,4%, frente a un 15,5% de los reingresos que se producen en el caso de medidas cautelares en medio libre. En este marco, también cabe destacar que la reciente modificación a la Ley N°20.084 introduce cambios procesales y de especialización que impactarían en un uso más racional de esta medida.
- El proyecto de ley presenta una propuesta que va en sentido contrario a la evidencia internacional desarrollada en la materia, dado que no se ha demostrado que el aumento de penas tenga el efecto de prevenir la ocurrencia de delitos. Sin embargo, sí existe evidencia que demuestra que los factores que sí ayudan a disminuir los delitos son aquellos de disuasión focalizada, es decir, patrullaje focalizado, encuentros con quienes están a cargo del seguimiento y cumplimiento de la sanción, entre otros. En el caso de la reinserción y no reincidencia, la evidencia apunta a poder generar vinculación escolar, laboral e incluso mejorar la lecto escritura, especialmente en adolescentes con trayectorias escolares fragmentadas.
- Este proyecto de ley también es contradictorio con evidencia científica. La adolescencia es una etapa singular del desarrollo humano, caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos, a ciertos tipos de toma de decisiones, a la capacidad de controlar los impulsos y el aprendizaje frente al castigo. Estas variables apuntan a que una pena más alta para cierto delito no sería un elemento efectivo para disuadir a adolescentes de cometerlo.
- Por todo lo descrito, como Defensoría de la Niñez llamamos, una vez más, a afrontar los desafíos sobre el comportamiento delictivo en adolescentes desde una perspectiva integral y multifactorial, que necesariamente debe incluir soluciones que consideren el fondo de un fenómeno complejo. En ese sentido, se hace fundamental reforzar la protección social para la pre y adolescencia, como la ampliación de la cobertura del Chile Crece Contigo más allá de los 9 años (y que ya es una declaración en la Ley de Garantías), que requiere una urgente implementación práctica.
Debe ser primordial fortalecer la prevención del delito en edades más tempranas, ya que un 61% de los adolescentes ingresados al sistema de responsabilidad penal adolescentes tuvo algún registro previo del área de protección. A la vez, dicho sistema de protección tiene una alta tasa de lista de espera, la cual llega a un 23% para niños, niñas y preadolescentes entre 10 a 13 años de edad. En este sentido, es fundamental fortalecer los procesos y coberturas de los sistemas 24 Horas y Lazos en todas comunas del país, en conjunto con una debida coordinación con la protección administrativa. - Resulta urgente legislar sobre estas materias con sentido de responsabilidad y evidencia, dando atención a problemas que han sido evadidos por décadas, y que se han convertido en dificultades estructurales que generan brechas en materia de protección social, uso de espacios públicos y prevención temprana. Seguir aplazando estas decisiones, que apuntan a erradicar el fondo de la problemática, sólo nos conducirán a una agudización de la situación y a resultados cada vez más complejos de alcanzar.
Fuente: Defensoría de la Niñez