Declaración Asociación de Isapres

En los últimos días la Superintendencia de Salud reactivó el proceso de adecuación del precio de los planes de Isapres, que fuera suspendido de manera extraordinaria por la Corte Suprema, tras el fallo que mandató a la autoridad a verificar y validar la variación de costos operacionales experimentada por cada institución.
El criterio de cálculo que aplicó la Superintendencia de Salud no es consistente con las variaciones de los últimos tres años en el sistema, ni con la Ley 21.350 que fijó un mecanismo para establecer un tope máximo al alza. Prueba de ello es que, si bien la medición constató un alza en los costos -por mayor uso de prestaciones y licencias médicas- que alcanza el 22,5% en el sistema, la autoridad optó por autorizar un 6% promedio en las Isapres, valor que representa un tercio del incremento real de gastos, según consta en las resoluciones emitidas.
La variación propuesta por cada Isapre no es antojadiza, pues responde a la siniestralidad real de las carteras de afiliados a partir de antecedentes que son permanentemente validados por la autoridad y que permiten justificar correctamente la adecuación en cada institución. En ese contexto, un cálculo mal ajustado a la realidad impide proyectar la operación hacia el futuro y arriesga los beneficios de los afiliados.
Puesto en cifras, el inexplicable método de cálculo que realizó la Superintendencia de Salud implicará una merma en la recaudación por $ 94 mil millones, que resultan de la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo por la Ley 21.350 y los porcentajes que resolvió a autoridad la semana pasada, para el proceso de adecuación 2022-2023.
La recaudación y el reajuste de los precios, regulados legalmente, permiten a las Isapres hacer frente al aumento de los costos y mantener los convenios y beneficios de los afiliados. Por ello, lo ocurrido impacta aún más la sostenibilidad financiera, elevando las pérdidas en un sistema que mantuvo los precios congelados entre junio de 2020 y julio de 2022.
Vemos una vez más, con profunda preocupación, nuevas acciones de la Superintendencia de Salud contrarias a las garantías de un modelo regulado y que profundizan la crisis de sostenibilidad de las Isapres. Son hechos que desafían el compromiso que ha suscrito la autoridad para resguardar el bienestar de los tres millones de personas que han escogido el sistema.