El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, información consolidada sobre 155 multas impagas correspondientes a sanciones aplicadas por el CPLT durante el período que va entre enero 2022 a enero 2026 a autoridades y funcionarios públicos por infracciones en materia de acceso a la información pública y transparencia activa.
La entrega fue realizada por el Consejo Directivo del CPLT, liderado por su presidenta, Natalia González, junto a los consejeros María Jaraquemada y Bernardo Navarrete, como parte de las gestiones que está impulsando la institución para asegurar y reforzar la coordinación institucional, de manera que la Tesorería General de la República avance decididamente en las acciones de cobro correspondientes y que le competen.
De acuerdo con el catastro elaborado por el CPLT, las multas impagas involucran a 142 funcionarios, de más de 90 organismos públicos distintos, entre ellos municipalidades, gobiernos regionales, servicios públicos, corporaciones y asociaciones municipales, además de una superintendencia. Más de la mitad de las multas impagas fueron impuestas a alcaldes o jefes de servicio. Las demás se reparten entre encargados de transparencia, administradores municipales, secretarios municipales, asesores jurídicos y otros funcionarios responsables.
Respecto de los sancionados, en ciertos casos acumulan dos o hasta tres multas impagas. Asimismo, hay algunos que se encuentran actualmente en funciones y otros que, a la fecha, han dejado sus posiciones en el aparato público.
Desde el CPLT explicaron que el Consejo es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, instruir los procedimientos sancionatorios y aplicar las multas cuando corresponde. Una vez que las sanciones se encuentran firmes, la gestión de cobro corresponde a la Tesorería General de la República, servicio dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, competente para realizar las acciones destinadas a obtener el pago de las multas adeudadas.
“Que una autoridad o un funcionario público no pague una multa que se encuentra a firme y que se asocia al incumplimiento de la Ley de Transparencia, es una señal muy grave. En Chile nadie está sobre la ley. Como Consejo para la Transparencia estamos ejerciendo plenamente nuestras atribuciones para el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Entre ellas, fiscalizamos, instruimos los procedimientos sancionatorios cuando corresponde, y sancionamos con multas cuando se constatan las infracciones legales, todo ello tras un debido proceso y conforme al marco legal vigente. Hoy estamos realizando las gestiones necesarias de coordinación institucional con la Subsecretaría de Hacienda para que la Tesorería General de la República cobre aquellas multas impuestas por el CPLT y que están impagas”, dijo la presidenta del CPLT, Natalia González.
Según lo establecido en la Ley de Transparencia, estas sanciones pueden ir entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del jefe de servicio o de quienes resulten responsables, dependiendo del tipo de infracción y de lo acreditado en el respectivo procedimiento.
El catastro muestra que más de dos tercios de las multas impagas se vinculan con incumplimientos de transparencia activa, es decir, información que los organismos deben mantener publicada y actualizada en el Portal de Transparencia -o sus sitios web si no están adscritos al Portal-, como contratos, compras, personal, remuneraciones, ejecución presupuestaria y otros antecedentes muy relevantes para el control ciudadano. También se registran sanciones asociadas a incumplimientos en la entrega de información pública solicitada por personas.
Desde el CPLT recalcaron que estas multas fueron legalmente cursadas y que su pago efectivo forma parte del deber de probidad y transparencia que asumen quienes ejercen funciones públicas.
Fuente: CPLT.