– Así lo exigieron los dirigentes de Condepp tras conocerse detalles de un mail del actual gerente de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, donde se da cuenta de los “acuerdos” logrados con el gobierno para la aprobación de la llamada ley Longueira, lo que incluía un veto presidencial para mantener sus privilegios.
Tras conocerse los detalles de un mail donde el actual gerente de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, detalla los “acuerdos” alcanzados con el entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira, para la aprobación de la ley de Pesca, el vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), Nelson Estrada y el vocero de la entidad, Hernán Machuca, exigieron que los involucrados salgan a explicar al país la colusión en torno a la llamada ley Longueira.
“Ya es hora que Longueira, la UDI, los empresarios y por sobre todo el ex Presidente Piñera expliquen esto al país, pues según se detalla en el mail terminaron recibiendo más del 100% de lo acordado a puertas cerradas con el gobierno. Pero más importante es que la Presidenta Bachelet deje de buscar excusas y asuma que la ley debe ser cambiada, tal como lo comprometió en su programa”, puntualizaron los dirigentes.
Según difundió El Ciudadano en días pasados, Héctor Bacigalupo de Sonapesca, informó a los grandes industriales pesqueros de los acuerdos con el ministro Longueira para lo que sería la tramitación de la ley de Pesca a través de un mail del 22 de octubre de 2011 bajo el título “resumen reunión Ministro”. Así, por ejemplo, sostiene en el punto 2 de la misiva que el (ministro) “plantea que desea lograr un acuerdo en esta reunión y que lo que se acuerde iría al congreso”; y en caso de enfrentar un traspié, se comprometía a respetar el acuerdo “con un veto presidencial”.
Según consta en el mail, en dicha reunión estuvieron presentes el titular de Economía, Pablo Longueira, el subsecretario de Pesca de la época, Pablo Galilea, junto a asesores de la cartera y empresarios pesqueros. Estos últimos, liderados por Héctor Bacigalupo, entonces ejecutivo de Sonapesca y hoy gerente general de la entidad; el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, investigado por cohecho en el caso Isasi en el marco de la tramitación de la ley de Pesca. Además, de Rodrigo Sarquis, dueño de Blumar y actual presidente de Sonapesca; Carlos Vial de la compañía Friosur; Roberto Izquierdo Menéndez, propietario de Alimar S.A., y Marcos Osuna de la transnacional española PescaNova, entre otros.
Cabe señalar que ese mismo año, La Segunda con fecha 29 de septiembre de 2011, ya informaba de las reuniones reservadas del ministro Longueira en las oficinas de la Sofofa con empresarios pesqueros. La idea comentó una fuente en la época era que “la ley salga tal como se estableció en el acuerdo. Los industriales hicimos un gran sacrificio con duras concesiones a los artesanales (…) y creemos que lo correcto es que no se cambie ni una coma del proyecto”.
La historia da la razón
“La ley Longueira por años ha sido el niño símbolo de la corrupción. Este mail solo es una constatación más que la ley de Pesca, donde se regalaron los recursos pesqueros de todos los chilenos a 7 familias de la industria pesquera, es ilegítima”, plantearon los dirigentes de Condepp.
Lo lamentable es que el caso Isasi-Corpesca, los conflictos de interés de parlamentarios y las últimas denuncias entregadas por el ex Senador Nelson Ávila, donde habla de recursos entregados a congresistas para la aprobación de la norma, no han sido suficientes para revisar la ley de Pesca, tal como contempla el programa de gobierno y que fue reiterado por Michelle Bachelet en el discurso presidencial del 21 de mayo pasado.
No hay que olvidar que durante la tramitación de la ley Longueira, no solo estalló el caso Corpesca, sino que también hubo denuncias en el Congreso por conflictos de interés debido a los vínculos que parlamentarios o sus familiares directos, mantenían con empresas del rubro pesquero. Estas afectaron a Jovino Novoa (UDI), Alejandro García Huidobro (UDI), Andrés Zaldívar (DC), Jorge Ulloa (UDI) y Mónica Zalaquett Said (UDI), los que -según estipula el artículo 5ºB de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional- no debían votar, y lo hicieron. Estos antecedentes se hicieron llegar oportunamente a las Comisiones de Ética de la época, pero hubo una defensa corporativa y dejaron a criterio personal el participar de la votación y discusión.
Hoy, nuevamente los dirigentes de la pesca artesanal, reiteran el escándalo que representantes de la gran industria pesquera fueran asesores de diputados UDI. Así consta en el informe de la Comisión Mixta, Sesión 114 del 17 de diciembre del 2012, donde el entonces gerente de Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), hoy presidente de la entidad, Luis Felipe Moncada, y el gerente de la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, participaron como asesores del diputado Jorge Ulloa en las sesiones de la Comisión de Pesca.
A esto se suma, como consta en vídeos de la época, que durante la tramitación de la norma, el Subgerente de Gestión de Corpesca, Ramón Pino Correa, participaba en reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados como asesor de la parlamentaria Marta Isasi (12 de junio y 9 de julio de 2013).
Fuente: Eduardo Fernández Villa – Celular: 7-107 4958