El jueves 27 de diciembre, el Tribunal Constitucional hizo pública su resolución en la que rechaza parcialmente los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por un grupo de diputados y senadores de derecha, respecto de los artículos 3 bis y 12 del proyecto de ley que sustituye el Decreto Ley 321 de 1925, sobre libertades condicionales. Los parlamentarios solicitaban declarar inconstitucional la exigencia de nuevos requisitos para que los responsables de homicidio, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tortura y asociación ilícita, calificados en la sentencia como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, pudiesen optar a la libertad condicional.
El TC resolvió declarar constitucional la exigencia de nuevos requisitos: haber cumplido al menos con los dos tercios de la pena y haber colaborado con el esclarecimiento del delito, o haber confesado su participación en el mismo. También resolvió declarar constitucional la norma referida a la fecha en que comenzará a regir este decreto que será la de su publicación en el Diario Oficial.
Sin embargo, el TC declaró inconstitucional la disposición que exigía a estos criminales el arrepentimiento mediante una declaración pública de condena inequívoca de los hechos y conductas por las cuales fueron condenados. Según el comunicado del TC, esta exigencia fue justamente la que provocó mayor debate y, finalmente, un empate entre sus miembros, resuelto, como estipula la legislación que rige esta antidemocrática institución, por el voto dirimente del Presidente del TC, en este caso Iván Aróstica, conocido por la comunidad jurídica, y la población en general, por sus resoluciones contrarias a los derechos humanos.
La resolución no satisface las exigencias de Londres 38 y otras organizaciones de DDHH que se movilizaron para rechazar el requerimiento derechista y hacer oír sus argumentos. No obstante, el rechazo del TC a dos de los requerimientos de la derecha constituye un obstáculo a la impunidad flagrante que esta buscaba consolidar. Dicho obstáculo, sin embargo, no es garantía de verdad y justicia ya que, como sabemos, sólo la lucha y movilización permanente lo será. Las complicidades y mecanismos de protección de los criminales de lesa humanidad son demasiado diversos y transversales y aún no han sido desmontados, por ello esta sigue siendo una tarea pendiente de quienes se declaran comprometidos con los derechos humanos y con una sociedad democrática.
Es preciso recordar que aquellos que impulsaron el requerimiento ante el TC no son personas motivadas por sentimientos “humanitarios”, como se han pretendido presentar, sino representantes de la derecha que, con distintos énfasis, reivindica la herencia de la dictadura, defiende a quienes llevaron a cabo la represión, la tortura y el exterminio y utiliza para ello una institucionalidad antidemocrática.
Una vez más denunciamos y llamamos a rechazar el carácter espurio del Tribunal Constitucional constituido como una tercera cámara designada, herencia de modificaciones introducidas en dictadura y en democracia, con atribuciones para revertir decisiones de otros poderes del Estado y conquistas sociales, como ha sucedido con la obstaculización del acceso de las mujeres al aborto mediante la objeción de conciencia institucional; la legalización del lucro en las universidades privadas; la validación del proyecto “Aula segura” y la represión en el espacio escolar; la rebaja a las multas aplicadas a los grupos empresariales que no cumplen la ley; la limitación de la titularidad sindical, y de la tutela laboral en el caso de los funcionarios públicos; y la paralización de al menos 47 causas por graves violaciones a los derechos humanos, desde el 2015 hasta la fecha.
Esta situación repone la urgencia de avanzar en reformas constitucionales que pongan fin a las atribuciones de este cuarto poder, a través de una Asamblea Constituyente que dé como resultado una nueva Constitución y nuevas instituciones que velen por la plena vigencia de los derechos humanos.
En lo inmediato, consideramos como un logro que una acción a favor de la impunidad, como el requerimiento de la derecha ante el TC, haya sido parcialmente revertida gracias a la organización, coordinación y reacción de todas las organizaciones de derechos humanos, de familiares y víctimas que seguimos luchando porque exista en Chile toda la verdad, toda la justicia y una verdadera democracia.
Fuente: Prensa Londres38.