Desde el inicio de la reforma procesal penal en el año 2000, el Estado dejo relegado a un lugar secundario al sistema penitenciario. La estrategia, infraestructura y recursos fueron destinados a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, sin considerar las implicancias que este importante cambio tendría en la estructura de ejecución de penas en nuestro país, específicamente, las consecuencias en la labor diaria de Gendarmería de Chile.Nuestro país requiere una profunda reforma de la estructura penitenciaria.
Los progresistas hacemos eco de las demandas que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile hacen al gobierno. Comprendemos y apoyamos la exigencia relativa a que el Estado cumpla con su deber legal y dé curso a las resoluciones de ascenso de más de 3000 funcionarios a lo largo del país, muchas de las cuales se encuentran sin movimiento desde el año 2014. Sin perjuicio de ello, dicha medida es inmediata y soluciona la situación de determinados funcionarios. El interés está en que este escenario pueda derivar a una instancia de dialogo entre las diversas fuerzas, que permita regular de manera satisfactoria y hacia el futuro el sistema de ascensos de los funcionarios de Gendarmería de Chile.
Dichas reformas también deben incluir medidas que se enfoquen en la situación de la funcionaria penitenciaria, considerando la mirada de género que nuestro Estado debe dar en cada política que adopte.
Nuestro sistema penal y penitenciario debe considerar también cambios profundos respecto de cómo concebir el poder sancionador del Estado. El camino de la privación de libertad tomado por los gobiernos en los últimos 25 años no ha dado los resultados esperados. El fenómeno delictivo se mantiene en niveles que no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también conllevan el atochamiento de los recintos penales, con los consiguientes efectos negativos para la población penal y para los funcionarios penitenciarios, quienes deben trabajar en condiciones deplorables y en un escenario hostil y violento. Como Estado debemos dar una nueva mirada al castigo, considerando y robusteciendo la estructura de prevención del delito y, a su vez, de penas sustitutivas a la privación de libertad. Chile no necesita más gente presa, necesita personas que se reinserten socialmente y que puedan interactuar de manera libre en nuestra comunidad.
Por último, señalar que entendemos que las mejoras laborales solicitadas por el personal de Gendarmería de Chile no solo van en beneficio de ellos, sino que también va en beneficio del sistema en su conjunto. Una estructura penitenciaria que respeta la dignidad y derechos de sus funcionarios genera mejores condiciones de respeto de los derechos humanos de los privados de libertad.
Fuente: Patricia Morales, presidenta del PRO.