El allanamiento realizado el 4 de marzo de 2025 al domicilio de Karol Cariola Oliva y la incautación de sus dispositivos electrónicos terminado su trabajo de parto y estando hospitalizada, es un claro acto de persecución y del trato inhumano de la justicia en contra de la diputada.
Es de recordar, que la diputada se ha puesto desde hace meses a disposición del ente investigador en todas las acciones y diligencias adelantadas por este y que además no ha sido formalizada o vinculada a algún proceso judicial.
El accionar del ente investigador viola abiertamente figuras constitucionales básicas como la presunción de inocencia, el juez natural, el debido proceso el derecho a la intimidad y la legítima controversia de las pruebas en el marco de un proceso judicial.
Es fundamental recordar que existen numerosos casos de persecución por la vía judicial-mediática en América Latina, caracterizados por múltiples denuncias y/o causas que no se ajustan al debido proceso judicial y que son acompañadas por un constante hostigamiento en medios de comunicación y redes sociales, que tiene por objetivo criminalizar a determinados sectores de la política.
En este caso, la situación incluye violencia política de género, puesto que el hostigamiento fue dirigido contra una mujer en situación de parto y post parto, con la finalidad de limitar la plena autonomía política y la participación política de la Diputada Cariola, disciplinamiento que se proyecta a todas las mujeres que participan en la vida pública.
Desde CLAJUD rechazamos este accionar, recordamos que el lawfare opera de forma reiterada contra el progresismo, destruyendo al mismo tiempo las bases de la democracia y el Estado de Derecho.
Fuente: Grupo de Puebla