El Gobierno de Chile expresa su sorpresa y rechaza categóricamente las declaraciones del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien acusó a nuestro país de vulnerar las disposiciones reglamentarias de la Corte Internacional de Justicia.
Quien no respeta las reglas de la Corte y los principios de la buena administración de justicia es el Gobierno de Bolivia, quien, contradiciendo esas reglas, ha llevado reiteradamente el caso sobre “obligación de negociar acceso al Océano Pacífico” a diversos y numerosos foros internacionales, elaborando incluso un libro detallado con los argumentos de su memoria. Cuando un caso está ante la Corte Internacional de Justicia no es correcto llevarlo a foros distintos de la Corte.
El Gobierno de Chile supone que, en adelante, el Gobierno de Bolivia respetará las normas de la Corte y dejará de ventilar el caso en foros internacionales.
Chile respeta la regla de que los escritos de la Memoria y la Contramemoria no se pueden hacer públicos hasta el inicio de la fase oral del procedimiento. Pero esta regla, en ningún caso, prohíbe que las partes puedan explicar e informar a la opinión pública de los casos que están pendientes ante la Corte Internacional de Justicia y de los derechos que están defendiendo ante esta Corte.
El Gobierno de Bolivia comete un error inexcusable al manifestar que Chile habría revelado contenidos de la memoria que entregó a la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Los argumentos de Chile, presentados por las autoridades nacionales, están en conocimiento de la opinión pública a partir de la demanda (Application), presentada al tribunal internacional el 6 de junio de 2016 y conocida ampliamente. Dicho documento fue publicado por la Corte Internacional de Justicia en su sitio en internet y puede revisarse en el siguiente enlace: http://www.icj-cij.org/files/c
El Gobierno de Chile espera que el Gobierno de Bolivia cese el doble discurso y la hostilidad creciente hacia nuestro país, deje de politizar los casos en cuestión, y se limite a presentar argumentos en la Corte Internacional de Justicia, respetando plenamente las reglas de este tribunal para la solución pacífica de las controversias realmente existentes.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.