El Instituto Nacional de Derechos Humanos, como organismo estatal autónomo cuya misión es promover y proteger los derechos humanos, participó de una sesión cerrada con el Comité el día 27 de julio, donde la Directora, Consuelo Contreras Largo, presentó los puntos de preocupación del INDH en relación con los derechos reconocidos y protegidos por la Convención, así como las propuestas de recomendaciones que permitan avanzar en el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.
Por su parte, diez organismos estatales representantes de los tres poderes del Estado y encabezados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, rindieron cuenta de la implementación der a Convención ante el Comité. Integraron la delegación chilena el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; Gendarmería de Chile; el Servicio Médico Legal; el Servicio Nacional de Menores; el Ministro de la Corte Suprema, Carlos Kunsenmuller, en representación del Poder Judicial; y el senador Juan Ignacio Latorre, en representación del Poder Legislativo.
Observaciones al Estado de Chile
A días de su finalización, el Comité contra la Tortura dio a conocer las observaciones realizadas a Chile, entre ellas, instó al Estado a continuar el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos y a “garantizar que sus autores sean condenados conforme a la gravedad de sus actos, velando por el cumplimiento de las penas”, excluyendo posibles amnistías o indultos.
Además, solicitó derogar el secreto de 50 años sobre la información presentada por víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a crear un mecanismo de identificación y reconocimiento de las víctimas.
En el informe se le solicitó también al país garantizar que los actos de terrorismo estén definidos en la legislación nacional “de manera precisa y estricta”, y a “abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.
En materia de infancia y adolescencia, el Comité emplazó al Estado a que se investiguen y juzguen los casos de muertes, malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes, en centros de internación y de protección de la red del Servicio Nacional de Menores, así como a subsanar las deficiencias en la gestión del servicio. Asimismo, el Comité saludó que el Estado hiciera público el informe realizado por el Comité ONU sobre Derechos del Niño en la materia.
En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, el CAT expresó que el país debe garantizar que gocen de salvaguardias legales fundamentales, así como aminorar la sobrepoblación y mejorar las condiciones de detención. En tal sentido, solicitó investigar y sancionar casos de muerte en custodia, tomar medidas preventivas ante la violencia entre internos/as, y revisar estrategias contra el suicidio de personas en reclusión.
En casos de uso excesivo de la fuerza, y denuncias de violencia sexual policial en contra de mujeres y niñas, el Comité requirió investigar, enjuiciar y condenar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. El CAT también recomendó formar en diversas materias de derechos humanos a los agentes públicos, específicamente a agentes del orden y del sector judicial.
En su informe, el CAT solicitó al Estado establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; a asegurar que los delitos de tortura sean castigados con penas adecuadas, y a derogar la prescripción de este delito. El Comité también instó al Estado chileno a prescindir de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles por parte de personal militar.
Así también, el CAT instó a revisar la legislación vigente en temas como migración y trata de personas, y a investigar malos tratos contra personas con discapacidad y de la tercera edad internas en residenciales, entre otras múltiples recomendaciones.
Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos.