Además, 8 de cada 10 personas cree que los fallos judiciales están definidos por el poder y el dinero de las personas involucradas.
Santiago, 8 de enero de 2026. Ipsos presentó su informe N°46 “Claves Ipsos”, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos respecto a temas de interés para el país. En esta edición, el estudio abordó al Sistema de Justicia, el Poder Judicial y el Caso Muñeca Bielorrusa.
El 57% de las personas encuestadas considera que la corrupción es el principal problema que enfrenta el Poder Judicial en Chile. Con menciones significativamente menores, se indicó la lentitud de los procesos judiciales (39%), el no contar con un sistema que supervise o audite a jueces, procesos o fallos (32%) y el nombramiento de jueces y otros cargos del Sistema Judicial por cercanía, familiaridad o encargo (32%).
Esta percepción de corrupción afecta transversalmente a las principales instituciones del Sistema de Justicia. El 57% asocia a la Corte Suprema a corrupción, 57% al Ministerio de Justicia y 56% al Ministerio Público o Fiscalía, siendo estas tres las entidades más relacionadas a corrupción, en contraste con una débil asociación con probidad.
Respecto de cómo creen las personas que opera la justicia en Chile, 78% considera que las decisiones y acciones de los Tribunales reciben influencia y presión de las personas con poder y dinero del país. Por su parte, el 75% cree que, si no se tienen los recursos económicos, es muy difícil lograr justicia. Además, 66% piensa que las decisiones y acciones de los Tribunales reciben influencia y presión de los partidos políticos y sus miembros. También, 61% indica que en Chile es posible pagar para asegurar un veredicto en un Tribunal. Solo 21% está de acuerdo con que las penas que se aplican a quienes violan la ley son adecuadas al delito cometido.
“El nivel de corrupción es percibido por la ciudadanía como un elemento estructural que soporta el funcionamiento de todo el Sistema de Justicia. Desde la opinión de las personas, habría una justicia para personas de altos ingresos o con poder y otra para el resto de la población. La percepción de esta desigualdad ante la justicia instala un escenario complejo para que las personas otorguen legitimidad a los procesos judiciales”, indica la Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga.
Caso Muñeca Bielorrusa
Las opiniones antes descritas se agravan con el caso “Muñeca Bielorrusa”, en el que se investiga la actuación de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, acusada de revertir irregularmente una resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en beneficio de la empresa Belaz Movitec SPA y en perjuicio de Codelco.
Un 60% de las personas consultadas indica haber escuchado sobre este caso, y entre quienes lo conocen, el 90% dice manejar algún grado de información.
Respecto del alcance del caso, la mayoría (62%) cree que las prácticas corruptas del Caso Muñeca Bielorrusa son frecuentes en el sistema judicial chileno.
Frente a cuáles serían los elementos más graves del Caso, las personas destacan la existencia de una red de corrupción que involucra a jueces, empresarios, abogados y políticos (47%), seguida por el pago de una indemnización por 17 mil millones de pesos por parte de Codelco como consecuencia de los fallos (23%) y la falta de control interno de la Corte Suprema, que no detectó irregularidades pese a seis fallos consecutivos cuestionados (20%). Sólo 10% indicó a la compra de fallos favorables en la Corte Suprema.
“El Caso Muñeca Bielorrusa viene a confirmar las peores opiniones y sospechas de la población nacional, entregando evidencia respecto de cómo operaría el sistema de justicia en el país. Si no hay señales claras desde las instituciones involucradas y finalmente un fallo contundente al respecto, la desconfianza de las personas hacia las instituciones judiciales se acrecentará”, señala Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
Frente a acciones concretas para enfrentar la corrupción en el sistema judicial, las personas indican que las más efectivas serían levantar el secreto bancario de las personas nombradas en el Poder Judicial y entidades relacionadas (56%), crear mecanismos de auditoría internos (55%), establecer canales seguros para denuncias por parte de funcionarios judiciales (52%) y reformar el proceso de nombramiento de jueces, incorporando la participación de expertos externos al sistema (43%).
Fuente: Zeta Comunicaciones