Por Giorgio Cuneo, Director de Territorio de Motorola Solutions en Chile
En un escenario global cada vez más digitalizado, Chile enfrenta una amenaza silenciosa,
pero creciente: los ciberataques. Según el informe “Cyber Threat Landscape” de Trellix,
publicado por un medio nacional recientemente, nuestro país se ha convertido en el
segundo más atacado en la región, con más de 813 mil detecciones de amenazas digitales
en apenas tres meses, y más de un millón en lo que va del año. Este dato no es solo
alarmante: es un llamado urgente a la acción.
Durante los últimos años, hemos sido testigos de cómo la cibercriminalidad ha dejado de
ser un problema exclusivo de grandes corporaciones tecnológicas para transformarse en
una amenaza transversal. Bancos, organismos públicos, empresas de telecomunicaciones e
incluso pymes han sufrido ataques que han comprometido datos sensibles, interrumpido
servicios esenciales y afectado la confianza de millones de ciudadanos.
Casos emblemáticos como el de BancoEstado en 2020 o el hackeo a equipos del Poder
Judicial en 2022, demuestran que ninguna institución está exenta. Hoy, un ataque a la
infraestructura digital no solo implica la pérdida de datos, sino también la parálisis de
operaciones críticas y costos económicos millonarios. La recuperación de un ataque puede
tomar semanas, incluso meses, generando consecuencias reputacionales difíciles de
revertir.
Lo más preocupante es que los sectores estratégicos, como la banca, la salud y la industria
energética, se han convertido en blancos prioritarios. No se trata solo de proteger
información financiera; hablamos de salvaguardar la seguridad de las personas, la
estabilidad de los servicios públicos y, con ello, la resiliencia del país.
Frente a esta realidad, la Ley Marco de Ciberseguridad representa un avance necesario.
Esta normativa no solo obliga a empresas y organismos públicos a adoptar estándares
mínimos de seguridad digital, sino que también exige una respuesta ágil y eficaz ante
incidentes. Pero la ley, por sí sola, no basta. Debe ir acompañada de un cambio cultural
profundo: dejar de ver la ciberseguridad como un gasto y empezar a considerarla una
inversión indispensable en continuidad operativa y confianza empresarial.
En este contexto, resulta especialmente crítico tomar conciencia de la vulnerabilidad que
hoy enfrentan los sistemas de comunicación, en particular aquellos que cumplen funciones
de misión crítica. Las agencias de seguridad pública, bomberos, servicios de emergencia y
fuerzas armadas dependen de plataformas digitales seguras y confiables para coordinar sus
operaciones, responder a incidentes y proteger a la ciudadanía. Un ataque a estas
infraestructuras no solo podría comprometer información sensible, sino también poner en
riesgo vidas humanas. La ciberseguridad, en este ámbito, no es una opción: es una
necesidad estratégica.
En este sentido, este desafío requiere una alianza robusta entre sector público y privado.
Las organizaciones deben adoptar soluciones avanzadas de detección y respuesta,
capacitar a sus equipos y trabajar en estrategias de prevención y mitigación con visión de
largo plazo. Chile tiene la oportunidad de anticiparse y empezar a prevenir antes de que el
daño sea irreversible. Pero para lograrlo, debemos actuar ahora.
Fuente: Viacentral.