Señor director:
En el actual contexto de déficit fiscal estructural y de compromisos de consolidación asumidos con la OCDE, no resulta aconsejable impulsar en el corto plazo una reforma tributaria de carácter estructural. Según el Informe de Gasto Tributario del SII (2024), las exenciones y franquicias alcanzan los US$ 8.449 millones anuales, equivalentes al 2,36% del PIB, concentradas principalmente en Impuesto a la Renta e IVA. Su eliminación afectaría directamente ámbitos sensibles como ahorro previsional, pymes, transporte, salud y educación.
Asimismo, una rebaja de la tasa corporativa desde el 27% al 15% mínimo global del acuerdo BEPS implicaría una pérdida de recaudación estimada entre 1,5% y 2% del PIB, profundizando el déficit fiscal y elevando la deuda pública, sin generar una ventaja competitiva relevante para atraer inversión.
Respecto de un aumento de impuestos a las personas de mayores ingresos, datos de la OCDE muestran que Chile ya recauda por sobre el promedio en IVA e impuesto corporativo, pero muy por debajo en impuestos personales, en gran medida porque la mayoría de los contribuyentes está exenta del Global Complementario. En este escenario, la vía sostenible es el crecimiento económico y el aumento de las remuneraciones.
Más que modificar tasas o eliminar exenciones, parece razonable concentrar los esfuerzos en mejorar el cumplimiento tributario. Estudios recientes estiman niveles de elusión entre 4% y 5% del PIB, recursos relevantes que podrían incorporarse sin alterar la estructura impositiva.
Rodrigo Carvajal
Académico Escuela de Auditoría y Control de Gestión
Universidad Santo Tomás
Fuente: Simplicity.