El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer su memoria institucional 2025, que muestra un aumento consistente en el uso de las herramientas que la Ley de Transparencia pone a disposición de la ciudadanía.
Durante el año pasado, el CPLT recibió 14.429 casos, la cifra anual más alta desde su instalación en 2009. De ellos, el 83,6% correspondió a amparos, presentados cuando una persona estima que un organismo no respondió una solicitud de acceso a información pública, negó información o entregó una respuesta incompleta; mientras que el 16,4% fueron reclamos por eventuales incumplimientos a obligaciones de transparencia activa.
El informe también revela el creciente uso del Portal de Transparencia del Estado, que en 2025 superó las 8,1 millones de visitas y acumuló más de 56 millones desde su creación en 2013. A través de esta plataforma se ingresaron 311.483 solicitudes de acceso a información pública a distintos organismos de la Administración del Estado, consolidando por tercer año consecutivo una cifra superior a las 300 mil solicitudes anuales.
La presidenta del CPLT, Natalia González, destacó que “los datos son claros: las personas están usando más que nunca la Ley de Transparencia para pedir información pública, controlar las decisiones de las autoridades y exigir rendición de cuentas y explicaciones. Ese aumento nos desafía a seguir reduciendo los tiempos, fortaleciendo la fiscalización y modernizando la institucionalidad para responder mejor a las necesidades de las personas”, señaló.
Durante 2025, el CPLT resolvió 13.380 casos, con un tiempo promedio de tramitación de 68 días, bajando así 5 días respecto del promedio de 2024 (73 días), manteniendo la tendencia de acortar los plazos de tramitación, a pesar de recibir más ingresos cada año.
De estos casos, el 32% fue declarados inadmisible, disminuyendo la inadmisibilidad un 6% respecto del año anterior, lo que evidencia una mayor prolijidad por parte de las personas en el uso de la Ley de Transparencia. Además, un 37% terminó mediante el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias, mecanismo creado por el CPLT que permite gestionar la entrega de información sin necesidad de llegar a una decisión de fondo, ahorrando así tiempo de tramitación y mejorando la experiencia del usuario. Por su parte, un 30% de los casos requirió una decisión de fondo del Consejo. De ellos, un 52% fue acogido totalmente, un 16,6% acogido parcialmente y un 31,4% rechazados.
El balance también da cuenta de un año marcado por fiscalizaciones de alto interés público. El CPLT revisó materias como listas de espera, instrumentos de gestión de desastres, planes y consejos comunales de seguridad pública, registros laborales múltiples de funcionarios, uso de recursos del royalty minero, dimensión del personal de la Administración del Estado, gastos de representación y compra o arriendo de terrenos por parte de municipalidades.
Asimismo, destacó la fiscalización realizada a las 345 municipalidades del país en materia de transparencia activa, que arrojó un cumplimiento promedio de 81,7%, el nivel más alto registrado para este grupo de organismos. Las regiones con mejores resultados fueron la Metropolitana, con 85,8%; Valparaíso, con 84,8%; y Atacama, con 84,4%, sin perjuicio de detectarse falencias en áreas altamente sensibles para las personas, como lo es en qué se gasta el presupuesto municipal.
El documento también releva el despliegue del CPLT en formación y promoción. Durante 2025 se realizaron 123 actividades de capacitación, con 11.521 participantes, además del lanzamiento de Aula Transparente, plataforma educativa destinada a acercar contenidos sobre transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y probidad a funcionarios públicos y a la ciudadanía, a través de cursos asincrónicos. Asimismo, el Consejo puso en marcha la “Academia de Enlaces”, consistente en un programa de certificación de los encargados de transparencia de instituciones públicas, que comenzó con enlaces de distintas municipalidades en 2025 y se extenderá este 2026 a enlaces de corporaciones municipales y la Administración Central.
Natalia González agregó que el aumento en el uso de la Ley de Transparencia debe ir acompañado de una modernización normativa: “Chile cuenta con una institucionalidad que ha cumplido un rol clave durante más de 17 años, pero los desafíos actuales hacen necesaria una modernización. Se requiere consolidar un sistema único de transparencia, igual para todos los poderes del Estado y órganos autónomos constitucionales; elevar los estándares de transparencia activa, pasando a que la publicación de información en formatos reutilizables sea la regla general sobre las solicitudes individuales de cada persona; fortalecer las facultades de fiscalización del CPLT; y asegurar que toda institución que ejerza una función pública y administre recursos públicos esté sujeta a reglas claras de rendición de cuentas”, sostuvo.
La memoria 2025 del CPLT se encuentra disponible en https://www.consejotransparencia.cl/informacion-institucional/.
Fuente: Consejo para la Transparencia.