- “Tenemos la convicción que un país con ciudadanos más informados, ejerciendo su derecho a solicitar antecedentes al Estado, e instituciones abiertas a entregarlos oportunamente y con completitud, favorecerá la reconstrucción de las confianzas que se han ido debilitando en los últimos años”, afirmó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot.
Jueves 27 de agosto de 2015
Con la presencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, autoridades y representantes de organizaciones ciudadanas ligadas a la transparencia, el Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su segunda Cuenta Pública Participativa, iniciativa que recogió las opiniones de la ciudadanía respecto de su quehacer institucional.
Asimismo, Vivianne Blanlot, presidenta del Consejo para la Transparencia, entregó un balance de la gestión del organismo en sus seis años de existencia.
Entre los principales resultados, Blanlot destacó el ingreso de cerca de 300 mil solicitudes de acceso a la información pública a los diferentes organismos públicos desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en 2009 y hasta junio de este año, las que han experimentado un crecimiento sostenido en dicho período. “En 2009, dichas solicitudes fueron 24 mil y han ido subiendo hasta alcanzar casi las 67 mil durante 2014, dando cuenta del mayor uso de esta garantía por parte de las personas”, afirmó la presidenta del CPLT.
Además, desde 2009 a julio de 2015, han ingresado 11.945 casos al CPLT, los que corresponden a personas acudieron al Consejo luego de que los organismos públicos les rechazaran sus solicitudes de información: “Es así como en 2009 recibimos 627 casos, mientras que en 2014 la cifra se elevó a 2.812. A julio de este año ya sumamos 1.772 casos, lo que nos hace proyectar un cierre de año con 3 mil casos”, detalló Blanlot.
Más allá de esta cifras, a juicio de la presidenta del CPLT, “tenemos la convicción que un país con ciudadanos más informados, ejerciendo su derecho a solicitar antecedentes al Estado, e instituciones abiertas a entregarlos oportunamente y con completitud, favorecerá la reconstrucción de las confianzas que se han ido debilitando en los últimos años”.
Agregó que “la transparencia es una oportunidad y todos los actores están cada día más conscientes de ello. Es el momento, entonces, de redoblar los esfuerzos e impulsar las modificaciones que sean necesarias para dar el salto que se requiere para reconstruir la confianza entre las personas y el Estado”.
En ese sentido, recalcó las propuestas entregadas por el Consejo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el sentido de consagrar un “Sistema Integral de Transparencia”, que entregue garantías de homogeneidad en las exigencias de transparencia a todos los órganos del Estado y asegure el control centralizado, expedito y desjudicializado de su cumplimiento.
“También, propusimos incorporar el derecho de acceso a la información pública de forma explícita en la Constitución, garantizando el ejercicio de este derecho básico en una sociedad democrática. Y hemos planteado la necesidad de otorgar autonomía constitucional al organismo encargado de controlar y velar por el cumplimiento de las materias relativas a transparencia y acceso a la información”, agregó Blanlot.
$54 millones en multas y 166 funcionarios sancionados por faltas a la ley
A su vez, la presidenta del CPLT, dio cuenta de las fiscalizaciones realizadas a 781 instituciones públicas para chequear sus niveles de cumplimiento en transparencia y los 258 sumarios solicitados a la Contraloría General de la República por infracciones en esta materia, los que han derivado en sanciones a 166 funcionarios (de los cuales 78 son alcaldes) y multas por un total de $54 millones.
Por otra parte, Vivianne Blanlot detalló la labor del Consejo en la implementación de la Ley de Lobby, “donde asumimos el desafío de administrar la plataforma Infolobby que almacena y consolida la información de reuniones, viajes y donativos que entregan los sujetos pasivos. Tras 8 meses de vigencia de la ley, hay un incremento progresivo de lobbistas y gestores de intereses, los que ascienden a 600 y 7.692 respectivamente”, señaló.
Cuenta Pública Participativa
“La participación ciudadana ha revestido una importancia mayor y es por ello que realizamos por segunda vez la Cuenta Pública Participativa, mediante la cual sometemos al control social nuestra propia gestión institucional”, señaló Blanlot.
Para esto, el Consejo dejó a disposición de la ciudadanía durante un mes, la Memoria Institucional 2014 con el fin de recibir comentarios, sugerencias y recomendaciones respecto del quehacer institucional.
Tras lo anterior, se obtuvieron valiosos aportes que enriquecerán el próximo proceso de planificación institucional.
En síntesis, las principales observaciones estuvieron dirigidas a la Gestión del Consejo, la Capacitación y Difusión, la gestión de Casos, Fiscalización y Ampliación de la Ley de Transparencia.
Fuente: Angela Valenzuela Reyes – avalenzuela@consejotransparencia.cl