- En la firma del Proyecto de Ley “Ricarte Soto”, que establece un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo, la Mandataria señaló que “esta es la seguridad y la protección que queremos dar a todos los chilenos y chilenas: aquella que se basa en los derechos y en el cuidado recíproco que se deben los ciudadanos”.
- El sistema que cubrirá medicamentos, alimentos y dispositivos médicos. Los usuarios de Fonasa A y B estarán exentos de pago y aquellos de los grupos C y D, además de los pertenecientes a Isapres y FFAA, tendrán cobertura financiera igual a la del GES.
En una ceremonia que se realizó esta mañana en el Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, firmó el Proyecto de Ley que establece un Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo, más conocida como “Ley Ricarte Soto”. Esta iniciativa es compromiso del programa de gobierno, reafirmado en el última cuenta del 21 de mayo.
En su discurso, la máxima autoridad del país destacó que esto fue “una causa justa por la que luchó Ricarte con, y a la vez, en nombre de miles de familias chilenas, cuyos tratamientos son tan costosos, que prácticamente muy pocos pueden financiarlo”. Y agregó que “en el país miles se sintieron representados por él, se movilizaron, se unieron en la impotencia de sentirse desprotegidos. Hoy podemos empezar a saldar esa deuda y decirles que no están solos, que Chile es un país que tiene los recursos y que puede proteger a quienes lo necesitan”.
En esta línea, subrayó que “una vez que tramitemos este proyecto, Chile va a ser capaz de contar, finalmente, con un sistema de salud capaz de dar más tranquilidad y protección a cada familia. Por más compleja que sea una enfermedad, le va a poder entregar el tratamiento que requiere”.
El proyecto establece un sistema que cubrirá medicamentos, alimentos y dispositivos médicos de alto costo para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, que no estén cubiertas por el sistema de seguros de salud públicos y privados. Tendrá cobertura universal y el sistema de acceso funcionará de la misma forma que la del AUGE. Los pacientes cuyo tratamiento se encuentre contemplado por esta ley, serán notificados del beneficio por su médico tratante. Los usuarios de Fonasa A y B estarán exentos de pago y aquellos de los grupos C y D, además de los pertenecientes a Isapres y FFAA, tendrán cobertura financiera igual a la del GES.
Actualmente, los recursos de Fonasa para este tipo de tratamientos son de 17 mil millones de pesos con los cuales se beneficia a 1.800 pacientes. De estas personas, cerca de 1.700 corresponden a Patologías Complejas de Alto Costo y otras 100 a enfermedades poco frecuentes. Con esta nueva ley, se espera llegar a cubrir a cerca de 20 mil enfermos de aquí a 2018.
Este Fondo se conforma gracias a un importante aporte fiscal, que considerará inicialmente $50.000 millones para el año 2016, $50.000 millones adicionales en el 2017 y a $100.000 millones en el 2018, monto que comenzará a entregarse de manera permanente a partir de ese año.
Los tratamientos serán entregados a través de una red de prestadores de salud aprobados por el Ministerio de Salud de acuerdo a su calidad técnica, considerando aspectos médicos, económicos, sociales y su seguridad. Los medicamentos, elementos de uso médico y alimentos serán adquiridos por la CENABAST.
Cada tres años se entregará un listado de nuevos tratamientos para el Fondo, pero en casos excepcionales se podrá emitir un nuevo decreto antes de dicho plazo. El Ministerio de Salud analizará todos los casos que se le informen requiriendo un tratamiento de alto costo y entregará respuesta pública al respecto. Asimismo, se considerará la opinión de una comisión ciudadana, en la que participarán los representantes de las organizaciones de pacientes.
La Superintendencia de Salud será la encargada de la fiscalización del correcto funcionamiento del sistema. A su vez, se creará un Sistema de vigilancia adicional que consiste en la conformación de una Comisión Técnica Ciudadana, integrada por expertos y representantes de la sociedad civil, en particular de las asociaciones de usuarios. Esta comisión tendrá como función monitorear, concluir y recomendar respecto del funcionamiento global del sistema, mediante la elaboración de un informe anual. Serán públicas las actas de evaluación de los tratamientos y las recomendaciones podrán ser impugnadas por la comunidad.
La Presidenta puso énfasis en que “no queremos que los enfermos se vean obligados a marchar para que se asegure su derecho a la salud. Porque no queremos más el bingo, la rifa, la completada o la tallarinata, o la solidaridad de los amigos, que sean la única opción para asegurar tratamientos de alto costo”. Y añadió que esto “implica un cambio de mirada, pasar de la solidaridad privada, que siempre tiene que existir, pero que no puede ser la fuente de solución de los problemas, a la solidaridad de la sociedad completa. Porque creer que cada uno se salva como puede, es negar aquello que constituye la base de nuestro pacto social: cuidarnos, protegernos y promovernos unos a otros”.
La Jefa de Estado reafirmó que “ésta es la seguridad y la protección que queremos dar a todos nuestros compatriotas, aquella que se basa en los derechos y en el cuidado recíproco que se deben los ciudadanos”.
Al finalizar su discurso, la Mandataria hizo un especial llamado a los legisladores: “Este proyecto que hoy día estamos firmando para enviar al Congreso, es esencial para la vida de miles de nuestros compatriotas. Tal como decía Ricarte ‘no pueden seguir esperando, no hay tiempo’. Creo que no necesito invitar a los parlamentarios aquí presentes, en representación de todos los demás, porque estoy segura que vamos a contar con un apoyo entusiasta, para que logremos tramitar esta ley en la conciencia de que cada minuto es precioso para quienes están esperando una solución”.
Fuente: Prensa Presidencia de la República de Chile.